Más de 150 indígenas de las parcialidades Mbya Guaraní y Ava Guaraní llegaron ayer por la madrugada hasta Asunción y se instalaron en la Plaza de Armas para exigir, entre diversas reivindicaciones, el acceso a vivienda digna. Los nativos provienen de la localidad de Caaguazú.
Frente al Congreso, entre los grupos, más de 60 niños también acompañan a sus padres a la intemperie, pese a las precariedades y el embate de las bajas temperaturas.
Además de solicitar una vivienda digna, debido a que residen en carpas, exigen a las autoridades la electrificación de las comunidades y la instalación de caminos. Desde el Gobierno, comunicaron que en la tarde de ayer se realizaría una reunión entre representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el Ministerio de Educación (MEC), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud.
El equipo periodístico del diario El Independiente intentó comunicarse con el titular del Indi, Omar Pico, para conocer cuáles serán las medidas de asistencia que adoptará la institución con los grupos que se instalaron en la capital. No obstante, no respondió. El medio se encuentra abierto a escuchar la versión del ente.
INDI “NO TIENE
FUERZA”
María Luisa Duarte, representante de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, recordó que la población nacional está integrada por 150.000 indígenas, según el último censo.
“El Gobierno debe empezar a tomar con seriedad esta situación e impulsar un programa de desarrollo con las comunidades indígenas, pero uno real, que no solo sirva para completar las exigencia de los proyectos y programas internacionales. Cada comunidad enfrenta sus propios desafíos y vulnerabilidades. El respeto a la diversidad implica revisar cada caso”, aseguró.
La falta de asistencia y los constantes desalojos en contra de las comunidades indígenas guarda relación con una política de exterminación que desarrolla el Gobierno, lamentó la lideresa. “Eso se llama genosidio y está ocurriendo actualmente en Paraguay”, recalcó.
Más allá de la inacción del Instituto Nacional del Indígena, se tendrían que revisar los tres poderes del Estado para determinar qué acciones están desarrollando, mientras las comunidades indígenas sobreviven entre vulnerabilidades.
“El Indi es el rector de las políticas públicas y no tiene fuerza, aquí lo que se tiene que hacer es mirar todas las instituciones públicas o los sectores a fin de trabajar en una política pública general a nivel país”, sostuvo.
En esta misma línea, la activista agregó que “los tres poderes del Estado son los responsables de llevar adelante la política integral de desarrollo para las comunidades indígenas. No obstante, hay comunidades que ni siquiera tienen caminos”.
Los caminos o vías de acceso constituyen derechos básicos que se utilizan como medios de comunicación, pero el Estado no los garantiza. La atención médica o una educación de calidad continúan en la lista de necesidades básicas que el Gobierno no provee a toda la población, enfatizó Duarte.
“Lastimosamente todavía tenemos que estar hablando de estas cosas en el Paraguay, que es sumamente rico, pero está mal distribuido”, concluyó.
