La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para que Gobernaciones transfieran hasta US$ 10 millones a ONGs. Parlamentarios ven esto como simple estrategia electoral de “canilla libre” para administraciones.
Una modificación a la ley 6873/2022 de Presupuesto fue finalmente aprobada en la Cámara de Diputados, estableciendo de este modo que las transferencias a ser realizadas por parte de las Gobernaciones sean direccionadas a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con montos que se acercarían a los US$ 10 millones.
Al respecto, la diputada liberal Celeste Amarilla había sentenciado durante el tratamiento del proyecto que se autorizan los famosos aportes a ONG, sin saber realmente quiénes son estas organizaciones. Del mismo modo, tampoco se puede deducir si efectivamente todas las transferencias son utilizadas en proyectos sociales o las Gobernaciones se benefician de los envíos realizados.
Para el diputado por Patria Querida, Sebastián García, esto claramente se hace en línea con la época de elecciones y coincidiendo también con el sostenimiento del aparato electoral. “Es obvio que se va a ir para el despilfarro y también es obvio que no se destinará en beneficio de la gente”, argumentó el parlamentario.
En ese sentido, remató diciendo que al parecer no sirvieron como antecedentes los malos ejemplos y toda la indignación existente en torno a la cantidad de dinero que se vino robando por parte de las Gobernaciones dentro de la línea de transferencias a las ONGs, haciendo referencia de manera directa a las administraciones de los departamentos Central y Guairá.
“Esto tiene un componente 100% electoral, sin responder a ningún plan de trabajo o estrategia de necesidades. Simplemente responde al antojo de lo que los gobernadores consideren conveniente sobre la marcha, denota una clara mala intención para sostener campañas electorales”, añadió.
Con el mismo enfoque, la diputada por Patria Querida, Rocío Vallejo resaltó estar en contra del proyecto porque las Gobernaciones han demostrado una pésima gestión administrativa.
A decir de la parlamentaria, las administraciones únicamente realizan excusas y argumentos populistas en un año electoral.
“No se puede seguir abriendo la canilla con el argumento de que será para las instituciones educativas, pues las Gobernaciones deben prever esa falencia desde el inicio y no utilizar mal los recursos que poseen para aspectos que no son relativos a la educación, por ejemplo”, puntualizó.
HISTORIAL DE IRREGULARIDADES
La Gobernación de Central llegó a ser blanco de críticas, debido a las denuncias existentes en torno al presunto uso irregular de los fondos de la administración. El capital debía estar destinado a obras de reactivación económica en el marco de la lucha contra el Covid-19.
US$ 1 millón fueron transferidos por el Poder Ejecutivo en ese entonces y de acuerdo a la imputación, el jefe departamental, Hugo Javier, repartió el monto a dos ONGs: el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez (también imputado), y el Consejo Regional de Salud, a cargo de Hugo Cabrera.
También en el marco de la reactivación económica y ayuda social tras la pandemia del Covid-19, la Gobernación del Guairá también fue acusada de despilfarro de unos US$ 2 millones, de acuerdo a denuncias de la Secretaría de Estado de Tributación (SET). Uso de facturas clonadas, entre otras irregularidades más fueron los cuestionamientos.
El titular de la Gobernación, Juan Carlos Vera, fue acusado de las mencionadas malversaciones, pero se sigue dilatando la intervención de la administración para la aclaración de las denuncias.
En la misma línea de cuestionamientos se encuentra la Gobernación de Alto Paraguay, pues concejales departamentales denunciaron que el gobernador José Domingo Adorno despilfarró los fondos de emergencia de Covid-19, destinando G. 2.265 millones al Vicariato Apostólico del Chaco para fines no sustentados, aparte de presuntos sobrecostos en la realización de obras públicas.
