Los malos augurios sobre fondos previsionales surgen a diario
Con la inauguración de la democracia en 1989, el debate público cobró vida y los grandes temas nacionales empezaron a ocupar titulares de diarios y espacios en la polémica parlamentaria. En los ’90, en la Cámara de Diputados se emitió este pronóstico inquietante: si el sistema prevesional no se reforma, para 2005 el Instituto de Previsión Social habrá quebrado. Fue un pronostico apresurado, más bien alentado por la necesidad de reformar el sistema tal como lo estaba haciendo Chile, que se tomó su tiempo para lograr una ley consensuada en el Parlamento.
En ella se creaba un nuevo sistema de pensiones solidarias (SPS), se devolvía al Estado su rol de garante de la seguridad social para la población más pobre y se establecía el sistema de capitalización individual, aumentando su competencia y fortaleciendo el ahorro previsional voluntario. Todo pareció ir muy bien hasta el presente. Sin embargo, el tema previsional es parte central de las reformas a ser debatidas en la Asamblea Constituyente que acaba de instalarse en el país trasandino. ¿Razones? El excesivo rol asignado a las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP), modelo adoptado con entusiasmo por varios países de América Latina, con suerte diversa.
Esto nos obliga a preguntarnos si es o no prudente encarar la reforma del sistema previsional a cargo del IPS que consta de dos cajas: la de fondos jubilatorios que goza, al menos por ahora, de solidez financiera. Y la de fondos de salud, siempre al borde del déficit. El propio organismo nos traza un panorama inquietante en su informe “Estudios y proyecciones actuariales del régimen de jubilaciones y pensiones 2018-2020”. “A partir del año 2041 se iniciará un déficit corriente (los egresos por jubilaciones y pensiones superarán a los ingresos del aporte obrero-patronal) y el Fondo de Reservas se extinguirá en 2052 si se mantiene en promedio una rentabilidad al menos igual al poder adquisitivo del dinero”. Ya no es un político en campaña o consultores económicos quienes emiten augurios poco alentadores. Es un autodiagnóstisco del propio ente.
Sin duda, el sistema -regulado por nada menos que 62 leyes y decretos reglamentarios y modificatorios- amerita un análisis profundo y aislado de todo coyunturalismo político, algo imposible al menos por el momento.
