Margarita Silva, una funcionaria con 26 años de antigüedad en la Municipalidad de Mariano Roque Alonso (MRA) fue desvinculada vía resolución 229/2022 el pasado 17 de marzo. La comuna decidió dar por concluidos sus servicios pasándola a retiro basados en el artículo 43 de la ley 122/93 “Que unifica y actualiza las leyes 740/78 y 1226/86, relativas al régimen de jubilaciones y pensiones del personal municipal”.
En otras palabras, la funcionaria fue desvinculada automáticamente al pasar a jubilación. Sin embargo, la misma Caja de Jubilaciones anunció que no puede aceptar la resolución municipal, ya que estas solicitudes deben realizarse de forma unipersonal por el mismo funcionario o funcionaria.
Esta situación la sufrieron alrededor de cinco trabajadores, pero solo dos decidieron reclamar, entre ellos Margarita Silva y Gregorio Barreto.
IRREGULARIDADES
Grande fue la sorpresa de Silva cuando acudió a la Caja de Jubilaciones y le informaron de dos irregularidades. En primer lugar, le dijeron que el pedido de jubilación debe realizarse de manera unipersonal, es decir, debe solicitarlo el mismo funcionario y no la comuna.
Además de esto, lo más grave fue que le anunciaron que su caja solo posee alrededor de G. 18 millones por poco más de ocho años de labores. Cuando, en la realidad, debía poseer la suma cercana a los G. 80 millones por los 26 años de trabajo.
Otro aspecto llamativo es que la funcionaria no puede jubilarse debido a que la edad mínima para la media jubilación es de 15 años. A esta situación se suma que la comuna adeuda tres meses de sueldo a sus funcionarios.
ASESORAMIENTO
Silva se asesoró con abogados e incluso, recurrió a la diputada Jazmín Narváez (ANR oficialista) para solicitar ayuda.
“Un abogado del Ministerio de Justicia y Trabajo me asesoró y me dijo que la ley que usa la intendenta para desvincularme no la pueden utilizar. Está mal, es un fraude. Me recomendaron demandarles y denunciarles. Incluso, ella (la intendenta) se expone a una condena de 10 años”, comentó.
COMPLICIDAD
Finalmente denunció que la Caja de Jubilaciones es también cómplice de la Municipalidad.
“Es muy visible que me quieren echar, que se quieren deshacer de mí. Yo no soy negociable. Lo justo es lo justo. Sobre mi derecho y mi razón no voy a permitir que nadie se sobreponga”, manifestó.
Incluso la directora de gabinete de la comuna le reconoció que está mal hecha la resolución, ya que se utilizó la ley de la Caja Municipal para despedirla y no la ley Orgánica Municipal que sirve para el despido y jubilación de los funcionarios.
“Nosotros no tenemos notificación, no tenemos pre aviso, no tenemos nada”, manifestó.
DEUDAS
La Municipalidad le debe a la Caja de Jubilaciones la suma de G. 13 mil millones. En otras palabras, la comuna hacía los descuentos del 10% de todos sus funcionarios cada mes, sin embargo, en muchas ocasiones no pagaba a la caja.
Por eso es que existe esa deuda con Margarita y todos los funcionarios nombrados y es más, aquellos funcionarios que fueron desvinculados no pueden retirar sus pocos aportes que tienen porque la caja le niega en devolverles.
