La Policía Nacional realizó este martes 27 de octubre una requisa en el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, en medio de la investigación por la fuga de dos condenados. El procedimiento coincide con nuevas detenciones ordenadas por el Ministerio Público, que alcanzaron al director del establecimiento y al jefe de seguridad, ante sospechas de complicidad interna o negligencia grave.
¿Qué busca la Policía con la requisa en la cárcel de Emboscada?
La intervención policial se desarrolló como parte de las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en que Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba lograron escapar del establecimiento penitenciario durante la madrugada del domingo 25 de octubre.
El procedimiento se produce después de que los investigadores identificaran una serie de irregularidades en los controles de seguridad, entre ellas la ausencia de vigilancia en sectores del perímetro, incumplimientos en los recorridos obligatorios y movimientos sospechosos de funcionarios penitenciarios posteriores a la evasión.
La investigación está encabezada por la fiscala Fabiola Sosa, quien busca determinar si la fuga fue facilitada por personal de la institución. Hasta el momento, no se cuenta con un informe oficial sobre los resultados específicos de la requisa realizada este martes, por lo que permanece pendiente conocer si fueron encontrados elementos adicionales vinculados con el escape.
¿Por qué detuvieron al director y al jefe de seguridad del penal?
La investigación penal avanzó este martes con la detención del director del establecimiento y del jefe de seguridad, por disposición del Ministerio Público. Ambos quedaron bajo investigación por las posibles responsabilidades derivadas de la evasión de los dos condenados.
Estas actuaciones se suman a la detención de cuatro funcionarios penitenciarios, quienes estaban de servicio durante el periodo en que se produjo la fuga. Los investigadores sospechan que los controles perimetrales pudieron haber sido reducidos deliberadamente, permitiendo que los internos atravesaran las barreras de seguridad sin ser interceptados.
El caso también motivó la intervención administrativa del establecimiento por parte del Ministerio de Justicia, encabezado por Rodrigo Nicora. La medida busca examinar el funcionamiento interno de la penitenciaría, identificar eventuales incumplimientos de funciones y determinar si las irregularidades alcanzan a otros niveles de responsabilidad.
La detención de los funcionarios no implica una declaración de culpabilidad. Corresponderá a la Fiscalía establecer si existen elementos suficientes para formular imputaciones y precisar las conductas atribuidas a cada uno de los investigados.
¿Cómo escaparon los dos condenados de Emboscada?
Los prófugos fueron identificados como Ever Alejandro Ozuna López, alias Tanchí, condenado a 28 años de prisión por hechos de secuestro, y Robert Arsenio Merlo Villalba, condenado por narcotráfico. Ambos estaban recluidos en el módulo 7, correspondiente al sector de alta seguridad del establecimiento.
Según la reconstrucción preliminar, los internos cortaron dos barrotes de una ventana de su celda y utilizaron cuerdas improvisadas con sábanas y frazadas para descender por una muralla interna y posteriormente superar el muro perimetral.
El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó que los controles habituales debieron permitir la detección de los elementos utilizados para preparar el escape. En el establecimiento estaban previstas requisas periódicas que, de haberse ejecutado adecuadamente, podrían haber advertido la presencia de materiales empleados en la evasión.
Otro aspecto investigado es el tiempo transcurrido antes de que se detectara la ausencia de los internos. De acuerdo con las explicaciones brindadas por las autoridades, pasaron aproximadamente cinco a seis horas hasta que el personal penitenciario advirtió la fuga, lo que amplió el margen de desplazamiento de los prófugos.
¿Qué irregularidades detectaron los investigadores dentro de la prisión?
Uno de los elementos centrales de la investigación es el análisis de las grabaciones del circuito cerrado. Las imágenes permitieron reconstruir los movimientos de los reclusos y examinar la actuación de los funcionarios responsables de la vigilancia durante la madrugada de la fuga.
La fiscala Fabiola Sosa señaló que se detectaron garitas sin personal y ausencia de patrullajes en sectores por los cuales escaparon los condenados. También se investigan cambios en la asignación de guardias y la cantidad de funcionarios destinados al módulo donde estaban recluidos los prófugos.
Otra irregularidad involucra el presunto retiro de teléfonos celulares del establecimiento. Las imágenes de seguridad registraron movimientos de funcionarios con un bolso que habría contenido dispositivos utilizados irregularmente dentro de la prisión. La Fiscalía deberá establecer si existió un intento de ocultar evidencias y determinar la eventual relación de esos aparatos con la fuga.
Estas circunstancias amplían el alcance de la investigación, que ya no se limita a determinar cómo salieron los condenados, sino que también busca establecer si hubo decisiones u omisiones destinadas a facilitar su escape.
¿Qué medidas adoptó el Ministerio de Justicia tras la fuga?
El Ministerio de Justicia dispuso la intervención del Centro Penitenciario Martín Mendoza y la separación de su director, Pablo Abel González Apuril, con el propósito de permitir una revisión administrativa de los procedimientos y responsabilidades dentro del establecimiento.
El ministro Rodrigo Nicora señaló que la investigación debe alcanzar a los distintos niveles de responsabilidad. La revisión comprende el funcionamiento de los controles internos, las tareas asignadas al personal penitenciario y el cumplimiento de las medidas de vigilancia establecidas para cada sector.
El procedimiento administrativo se desarrolla de manera paralela a la investigación penal. Mientras la Fiscalía busca determinar la posible comisión de hechos punibles, el Ministerio de Justicia deberá establecer si corresponde aplicar sanciones disciplinarias o adoptar cambios en la organización y supervisión del personal.
La intervención también deberá examinar si las deficiencias detectadas responden a actuaciones individuales o a problemas de control que requieren modificaciones en los protocolos de seguridad.
¿Qué consecuencias deja la fuga para la seguridad penitenciaria?
La fuga de dos condenados de un establecimiento considerado de máxima seguridad plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de vigilancia y la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las penas judiciales.
El caso adquiere mayor relevancia por los antecedentes penales de los prófugos y las sospechas de participación de funcionarios encargados de su custodia. La eventual confirmación de una colaboración interna representaría un problema de integridad institucional que trasciende las deficiencias materiales del establecimiento.
Desde el punto de vista jurídico, la investigación deberá establecer responsabilidades individuales y preservar los elementos probatorios necesarios para una eventual acusación. En el ámbito administrativo, el desafío será determinar qué controles fallaron y cuáles deberán modificarse para evitar nuevos episodios.
La requisa de este martes, las detenciones y la intervención del penal forman parte de un proceso de investigación cuyo resultado será determinante para esclarecer las circunstancias de la fuga. Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene las tareas de búsqueda de los dos condenados.
