Prohibir el debate en un recinto legislativo es dictadura.
Si había alguna posibilidad de alborotar un poco más el gallinero, los honorables lo lograron. Ya habían perpetrado antes otro sainete pateando el tablero con altisonantes discursos llenos de nada, ofendiendo una vez más a la ciudadanía que los votó. La posibilidad de llevar a juicio a la Fiscala General del Estado se hundió, por el resto de este periodo de sesiones, en los sótanos del Congreso en donde acumulan polvo y cucarachas otros esperpentos y abortos de ambas cámaras.
Estas vez utilizaron todas las argucias posibles, algunas dignas del peor periodo de la dictadura cuando las instituciones eran empleadas como látigos para perpetuar la prepotencia y la impunidad.
Y aquí es necesario hacer una puntualización. Algunos legisladores pretenden tomar distancia de estas maniobras nefastas cometidas en las plenarias, haciendo protestas de honorabilidad, buen nombre e irreprochable conducta personal. Tal vez tengan razón, pero los actos se juzgan por las consecuencias no por las buenas intenciones. Todas las decisiones salidas de los recintos legislativos afectan indefectiblemente la vida diaria de los paraguayos, que nada pueden hacer para revertir su estado de indefensión. Por lo tanto, tan culpables son la conducta canallesca como la virtuosa. Ambas comparten la misma condena social. En su ira impotente, el ciudadano no hace diferencia alguna y, justo o injusto, califica a todos por igual.
Para terminar de salvar el pellejo a la dócil cipaya de los poderes fácticos, la presidencia de la Cámara Baja apeló a los peores recursos parlamentarias: retrasar el ingreso de diputados “contreras”, apurar la sesión antes de que aumente el quórum, cortar micrófonos, cerrar lista de oradores y, cuando todo se puso demasiado caliente, clausurar el debate, que es la forma más brutal de coartar la libertad de palabra en un estrado constituido para defender los más altos principios republicanos.
En una exacerbación de celo canino hacia el amo, la mesa directiva de la Cámara entró en terreno dinamitado. Privar a un legislador de la Nación de su derecho a expresar libremente su pensamiento es un extremo que debe tener sanción. Si el reglamento interno de la cámara lo permite, es inconstitucional.
No se debatía una pensión graciable. Se estaba jugando el futuro de una institución clave del Estado.
