La cantidad de activos decomisados por lavado de dinero no guarda consistencia con el perfil de riesgo que tiene el Paraguay, y mucho menos, por la cantidad de grupos vinculados a actos de terrorismo que están plenamente identificados, resalta Gafilat en su evaluación al país.
El marco normativo que tiene el país para el combate a actividades terroristas o el financiamiento de grupos vinculados a estos actos es el correcto, no obstante, los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) indicaron que todavía estas normativas están en proceso de plena implementación y hasta la fecha también se ha reportado un muy bajo registro de sentencias por delito de terrorismo. “Tampoco se iniciaron investigaciones paralelas por Financiamiento al Terrorismo más allá de los análisis que realiza el Ministerio Público en sus investigaciones rutinarias”, destacaron.
Un hecho que desnuda la fragilidad en el combate a estos grupos desde el punto de vista de la Justicia es que “a la fecha el Paraguay no posee condenas por el delito de Financiamiento al Terrorismo aplicando lo que indica la ley 4021/10; sin embargo, entre los años 2015 al 2021, el país a iniciado 40 investigaciones preliminares de las cuales 12 fueron judicializadas por los delitos de terrorismo y Asociación Terrorista, lo cual es consistente con el nivel de riesgo que representan las amenazas terroristas”, señala el documento.
Esta reducida cantidad de investigaciones e imputaciones por actividades relacionadas al financiamiento del terrorismo, además de la inexistencia de sentencias por este delito “contrasta” con el nivel de riesgo medio alto que tiene el país y evidencian sus limitaciones para dar un combate de forma más efectiva.
Los analistas identificaron la presencia en el territorio nacional de grupos criminales domésticos como los autodenominados: Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Agrupación Campesina Armada (ACA) y el Ejército del Mariscal López (EML). También se resaltó que hay posibilidad de que grupos extremistas islámicos (particularmente el Hezbollah) pueda estar desarrollando actividades en el país, esto debido a la gran cantidad de ciudadanos libaneses en la zona de triple frontera, que desarrollan actividades comerciales y que podrían, además de estar operando como agentes de inteligencia, también servir como brazo financiador.
Al Gafilat le llamó la atención que las agencias encargadas de inteligencia local hasta el momento de la evaluación manifestaron que no tenían información sobre brazos armados de este sector con intenciones de realizar algún tipo de atentado en Paraguay. “No se omite precisar que el 24 de agosto del 2021, las autoridades paraguayas y de los Estados Unidos en un operativo conjunto en la zona de triple frontera, capturaron a un ciudadano brasileño quien presuntamente lideraba una organización internacional con presencia en la región implicada en lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionado al Hezbollah”, resaltaron.
CAUSAS PENALES
En los último seis años el país tuvo siete sentencias por casos terrorismo y delitos relacionados, pero la mayoría de las personas condenadas fueron por prestar apoyo logístico, participar de las asociaciones terroristas o ser miembros de ellas. Algunas de las sentencias se dieron por pagos en efectivo de rescates y extorsiones, compra en efectivo de bienes a través de terceros con estos recursos ilícitos. “No se iniciaron investigaciones paralelas por financiamiento del terrorismo, ni los procesos de incautación, decomiso y disposición de los bienes asociados a estas sentencias”, cuestionaron los analistas.
Finalmente, también se señala en el informe final sobre nuestro país por parte del Gafilat que la unidad de inteligencia de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), luego de un análisis de los reportes de operaciones sospechosas identificó 144 casos relacionados al financiamiento del terrorismo con un monto aproximado de US$ 297 millones.
“De estos ROS, 16 fueron clasificados como alertas altas, y de estos, 11 casos fueron remitidos al Ministerio Público donde no se han registrado condenas. En ese sentido, muy pocas investigaciones preliminares comenzaron como causas de financiamiento al terrorismo que, de acuerdo con lo informado por el país evaluado, también se evidenció un bajo nivel de intercambio de información entre las instituciones”, resaltaron.
