El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por un presunto intento de estafa contra la institución, vinculado a una operación irregular de compra de un inmueble de 1.400 hectáreas ubicado en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná.
Según la denuncia, la finca —valuada en USD 14.136.000— habría sido objeto en 2022 de un acuerdo irregular de permuta, mediante el cual se pretendía canjear el inmueble por tierras en el Chaco paraguayo. Sin embargo, la operación quedó sin efecto al constatarse que el inmueble en cuestión corresponde a tierras fiscales.
El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, explicó que el intento de estafa fue detectado tras un informe de la Dirección de Registros Públicos, que confirmó la condición fiscal del inmueble, lo que hacía inviable cualquier transacción comercial. “Lo que corresponde en este caso es realizar una mensura, inscribir el inmueble a nombre del Indert y luego transferirlo a los ocupantes, que son beneficiarios de la reforma agraria”, señaló.
En ese sentido, precisó que unas 160 familias, nucleadas en la Comisión Paz del Chaco, habitan actualmente la propiedad. Ruiz Díaz sostuvo que el caso expone una grave debilidad institucional que habría sido aprovechada para la supuesta comisión del hecho. “Se produjeron instrumentos públicos presuntamente falsos con la intención de estafar al Indert”, afirmó.
El titular del ente detalló que el intento de estafa incluyó un acuerdo irregular entre la entonces presidenta del Indert, Gail González Yaluff, y una persona identificada como Héctor Urbano Parodi, quien sería funcionario público de la Municipalidad de San Lorenzo. Dicho acuerdo contemplaba la permuta de la finca de Itakyry por tierras chaqueñas, sin contar siquiera con la aprobación de la Junta Directiva del Indert, requisito indispensable para este tipo de operaciones.
Ruiz Díaz recordó además que en octubre de 2024, la actual administración ya había emitido una resolución rechazando formalmente el acuerdo de permuta por considerarlo irregular.
Actualmente, la finca se encuentra bajo resguardo del Indert y el caso está siendo investigado por el Ministerio Público. “La primera investigación estaba relacionada con la producción de documentos no auténticos. Ahora se suma una nueva denuncia por un supuesto intento de estafa al Instituto por casi USD 15 millones”, concluyó el presidente del Indert.
