En Paraguay, los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA) y los embarazos en menores de edad continúan mostrando niveles elevados, según el Boletín Estadístico del Observatorio de la CDIA. El informe se publica en el marco del 31 de mayo, Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, y se basa en datos oficiales de instituciones como el Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Durante 2025, el país registró 3.591 niñas y adolescentes que dieron a luz, de las cuales 345 tenían entre 10 y 14 años, una cifra que el organismo advierte como indicador de violencia estructural, desigualdad y fallas en los sistemas de protección.
¿Qué muestran los datos sobre violencia sexual en Paraguay?
El informe detalla que en 2025 se registraron 3.386 víctimas de abuso sexual contra NNA, lo que equivale a aproximadamente nueve casos por día. Además, al incluir otros delitos como explotación sexual, trata y estupro, la cifra asciende a 7.526 víctimas.
La CDIA señala que las niñas y adolescentes representan el 82,8% de los casos, mientras que los varones alcanzan el 17,2%, evidenciando una fuerte brecha de género en la exposición a este tipo de violencia.
¿Dónde se concentran los casos y cuáles son los territorios más afectados?
El boletín identifica una doble distribución territorial del fenómeno. En términos absolutos, los casos de partos en niñas y adolescentes se concentran en departamentos como Central, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa y San Pedro, asociados a mayor densidad poblacional.
Sin embargo, las tasas más altas de riesgo se registran en Amambay, Boquerón, Canindeyú, Presidente Hayes y Concepción, lo que refleja una mayor vulnerabilidad proporcional en zonas menos pobladas.
En términos acumulados, entre 2021 y 2025 se registran 23.499 nacimientos de niñas y adolescentes, con una tasa nacional de 8,5 por cada 1.000 adolescentes de 10 a 17 años.
¿Qué limitaciones enfrenta el sistema de justicia y protección?
El informe advierte sobre una brecha estructural entre denuncias y respuestas judiciales. Entre 2020 y 2025, las víctimas registradas fueron 12 veces superiores a las condenas dictadas, lo que evidencia limitaciones en el sistema de justicia penal.
Asimismo, la CDIA sostiene que los programas de prevención alcanzan una cobertura insuficiente frente a la magnitud del problema, y cuestiona la capacidad de respuesta estatal en territorios con mayor vulnerabilidad social.
El documento también plantea interrogantes sobre la caída de denuncias en comparación con el pico de 2022, cuando se registraron 4.184 casos, sugiriendo posibles factores como subregistro, desconfianza institucional o cambios demográficos.
¿Qué advierte la CDIA sobre la respuesta ante estos casos?
La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) sostiene que la persistencia de estas cifras refleja una falla en la prevención y en la articulación de políticas públicas. El informe concluye que garantizar derechos implica inversión sostenida, coordinación institucional y políticas de protección integral, con énfasis en la prevención como eje central de la estrategia pública.
