El Ministerio Público, a través del fiscal Juan Carlos Ruiz Diaz, solicitó que la imputación de los activistas Esther Roa, Juan Galeano Grassi, Cándido Brizuela (alias Juan Pueblo) y Diego Mendoza se eleve a un juicio oral y público.
Al respecto Roa lamentó que esto viole el derecho a la protesta que posee. Y que la pandemia no puede quitarle uno de sus derechos fundamentales. Al mismo tiempo cuestionó que el Ministerio Público no aplique la ley en igualdad de condiciones.
La entrevistada hizo alusión a la boda de Sol Cartes, hija del expresidente Horacio Cartes quien celebró nupcias en un evento con más de 200 personas. A pesar que solo 20 permite la ley por las restricciones sanitarias.
“Somos el único caso en más de 4.000 expedientes que pasa a un juicio oral y público. Se busca con esto mantener en silencio a la ciudadanía sobre la corrupción”, señaló.
MIEDO
Roa adelantó que el miedo ya se apoderó de varios de los integrantes de su organización. Específicamente, muchos ya le comunicaron que dejarán el grupo por temor a ser imputados.
“Mirá doctora, yo te aprecio pero no tengo ni para pagar a un abogado me dijo una persona. El mensaje llega, el mensaje de criminalizar las protestas”, lamentó.
GRASSI
Juan Galeano Grassi por su parte señaló que no sorprende la decisión del Ministerio Público. Expresó que ya está preparando su defensa para lograr el sobreseimiento.
Afirmó que recibió el ofrecimiento del fiscal Ruiz Díaz de aceptar los delitos a cambio de solo recibir una multa leve, propuesta que lo rechazó.
“Nosotros vamos a demostrar que no hicimos ningún tipo de delito. Con nosotros se equivocaron muy grande”, cuestionó.
SELECTIVAS
Finalmente Grassi rememoró que Abdo Benítez participó de un evento pocos días después de la manifestación frente al Panteón. Específicamente fue el 21 de junio para la inauguración de mejoras en varios edificios públicos. En la ocasión el mandatario compartió la jornada con una decena de funcionarios públicos sin tener en cuenta el distanciamiento que él mismo solicita a través de su ministro de Salud.
Sin embargo, ante estas situaciones el Ministerio Público no actúa cuestionó el empresario.
CONTEXTO
Esther Roa, referente de la organización de Ciudadanos Autoconvocados (CACE) fue imputada el martes 9 de junio. Esto luego de participar el miércoles 3 en una caravana de repudio contra la corrupción donde se produjo una aglomeración de personas frente al Panteón.
Pocos días después, el viernes 19 de junio fue imputado Juan Galeano Grassi, directivo de la Asociación de Gastronómicos del Paraguay (Agapy) por participar en la manifestación ya citada.
CASTIGO
En caso de no ser sobreseídos, los imputados se exponen a un castigo de 6 a 18 meses de cárcel o una multa de entre 100 a 500 jornales mínimos (G. 8 millones a 40 millones). En el caso de que hubieran aceptado el delito la multa hubiera inferior; entre G. 1,5 a 2 millones.
