Óscar Rodríguez, intendente de Asunción, informó que el tribunal arbitral que atendía la rescisión del contrato con Parxin falló a favor de la empresa. El anuncio lo hizo vía twitter cerca del mediodía de ayer miércoles.
Dicho Tribunal Arbitral estaba integrado por Fernando Barriocanal, Rubén Galeano y Gabriel Solalinde.
“Han fallado a favor de la empresa. Estoy informando de la situación a la Junta Municipal y hago saber como Intendente, que mi postura será la de seguir peleando en favor de los intereses de los contribuyentes asuncenos”, se limitó a decir a través de sus redes sociales.
CUESTIONAMIENTOS
Rosa Vacchetta, expresidenta de la junta municipal ironizó la situación expresando que se trata de un “nuevo regalito” de la era Ferreiro/Ramirez.
“Quienes en total contubernio jugando a buenos compadres hicieron uno de los peores contratos de estos que entregan todo sin pedir nada a cambio. Siempre sostuve la nulidad de este contrato con Parxin”, sostuvo.
Orlando Fiorotto, concejal de Asunción consideró el hecho como lamentable. Dijo que Ferreiro y la mayoría de la Junta al firmar y homologar el contrato con Parxin dieron en exclusividad a favor de esta empresa al otorgarle el 65 % de las recaudaciones y solo el 35 % a la comuna cuando la misma entrega como su aporte la ciudad por 15 años.
“Fue un golpe más contra los contribuyentes. Se suma a otras desgraciadas resoluciones como TX Panamá tomadas por la Intendencia y Junta. Advertíamos una derrota más en el juicio de Arbitraje”, señaló.
En otro momento señaló que el Intendente dice que va a defender a la ciudadania, pero que ello ya es algo tarde.
“Lo bueno hubiese sido que nunca se hubiese permitido la aprobación por parte de la Junta para no estar en esta situación. Ojala que las próximas autoridades sean mas celosas de los intereses ciudadanos. Les entregan la ejecución del contrato por 15 años o les pagan 5 millones de dolares dice la Sentencia”, concluyó.
CONTEXTO
En julio del 2016, Mario Ferreiro, entonces intendente de Asunción con una mayoría de concejales, entre quienes estaba el intendente actual Óscar Rodríguez, decidió conceder la explotación del estacionamiento tarifado a la empresa Parxin.
Luego de reclamos de cuidacoches quienes se iban a ver afectados por la pérdida de sus empleos, el inicio de la explotación fue pospuesto para el 31 de julio del 2017, es decir, 1 año, un mes después.
Sin embargo, a una semana de que entre en vigencia, Mario Ferreiro anunció la rescisión del contrato con la empresa por lo que la misma inició acciones legales contra la comuna.
El motivo de la tercerización del estacionamiento era para generar más ingresos. Esto, ante el déficit de recaudación que posee la comuna. Sin embargo, el nuevo sistema implicaría un sobrecosto de G. 650.000 para cada trabajador no residente de Asunción que vaya a su lugar de trabajo en vehículo por mes. Mientras que para cada asunceno, el costo iba a ser de G. 350.000 de forma mensual.
La empresa alega haber invertido US$ 2 millones en herramientas tecnológicas para poder brindar el servicio. De ahí el motivo del elevado pedido de indemnización por US$ 5,4 millones.
MUNICIPALIDAD
Benito Torres, asesor legal de la municipalidad de Asunción, señaló que los árbitros determinaron que si no se cumple con el contrato se debe pagar una liquidación a la empresa por el valor ya mencionado.
“Ya hay sentencia. Estamos con un empate técnico. Nos retrotrae al día de la concesión del servicio. Obviamente como ente público vamos a recurrir a los órganos jurisdiccionales para revertir esta medida”, adelantó.
Torres señaló que seguirán viendo la manera que la comuna no tenga ningún tipo de perjuicio económico.
“A la ciudadanía la quiero dejar tranquila de que nosotros seguiremos defendiendo los intereses municipales y pondremos todos nuestros conocimientos para tener un resultado positivo”, manifestó.
Independientemente al éxito que puedan tener los abogados de la municipalidad, esto fue producto de la equivocación de Mario Ferreiro y los concejales que aprobaron el proyecto entre ellos Óscar Rodríguez. Por lo que en caso de tener una sentencia final negativa, dichos políticos deberían hacerse cargo de los gastos y no la ciudadanía.
La comuna también deberá hacerse cargo de los G. 500 millones de los honorarios de los árbitros de este caso.
