En el Paraguay no existe el servicio de transporte público de pasajeros. Lo que hay es un gremio de camioneros que acarrea gente como ladrillos o bolsas de papas y que se agavilla cada vez que las cuentas no le cierran o si el Estado se retrasa con los subsidios sin los cuales no podrían existir.
Costó años de porfiada insistencia que este colectivo de impresentables adoptara -más por obligación que por convencimiento- el billetaje electrónico, sistema que ya es anticuado en muchos países en donde basta un celular o sencillamente presentar la cara a un sensor gráfico para subir a un tren, un ómnibus o un tranvía. Aquí hablamos de la gran novedad cuando en cualquier ciudad provinciana argentina las tarjetas de pago son cosa habitual hace años.
Ya se sabe el porqué de la resistencia a cobro digital del pasaje. Simple. Con él se acaba el viejo cuento de “la cantidad promedio de pasajeros transportados”, indicador clave para fijar el precio del pasaje. Antes se lo hacía bien al estilo criollo, a ojo, más o menos. O sea, se mentía descaradamente. Ahora es posible contar hasta el ultimo pasajero transportado. El promedio sale solito, lo saca instantáneamente el software cargado en el sistema. Pierde el camionero, que no puede joder con las cuentas y también pierden los choferes, ya que al no haber efectivo no puede “hacer para su diario” matuteándole parte de la recaudación al patrón camionero. El robo al Estado y el robo al propietario de los camiones se terminó. Algo es algo. Pero la maña que no perdieron los camioneros disfrazados de transportistas de personas, es la costumbre de chantajear, no al Estado, sino al ciudadano al que deberían prestar un servicio apropiado. Lo han hecho siempre, sólo que ahora tiene un factor agravante: obligan al ciudadano a apretujarse en sus latas oxidadas rodantes en el peor momento de la pandemia, multiplicando por mil el riesgo de contagio.
Una cosa es apretar al Estado para obligarlo a soltar dinero, método propio de los asaltantes de caminos. Pero muy otra es exponer a la ciudadanía a multiplicar por mil la posibilidad de contagio del COVID amontonando gente en pocas unidades. Lo primero es robo puro y simple. Detestable y condenable, pero supuesto. Pero lo segundo debe ser equiparado a intento de homicidio.
Y eso no debe ser tolerado.
