Editorialista Internacional de El Independiente MILWAUKEE, USA
En abril del 2019, hace casi un año que Vladimir Putin firmó una orden que permite solicitar la ciudadanía rusa a los residentes de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk, ambas bajo el control ruso. Mientras los EEUU ha condenado la decisión del presidente (Vladimir) Putin de otorgar la ciudadanía rusa a los ucranianos que viven en el este de Ucrania, controlado por Rusia; el MRE-Paraguay Antonio Rivas Palacios estuvo en Ginebra el 26 de febrero (2020) para participar en el 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en esta oportunidad el titular del MRE – Paraguay mantuvo el pleno silencio en relación a las violaciones de los DDHHH que Rusia ha cometido en el territorio soberano de Ucrania. El Paraguay, a pesar de que la comunidad étnica de Ucrania en Itapúa es únicamente clave para la industrialización del país, no ha hecho ningún pronunciamiento publico sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Es llamativa la paquidérmica gestión y actitud de Palacios; con mas de seis meses en el ápice del MRE, este ministro sigue el sendero diplomático del vende-patria Luis Alberto Castiglioni.
La definición, en el Decreto del Presidente de Rusia, sobre el derecho de recibir la ciudadanía rusa, (regiones de Donetsk y Luhansk), atestigua el uso del principio “jus soli” por el Presidente ruso. La aplicación de ciudadanía rusa tiene por consecuencia la violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. El Decreto viola uno de los principios angulares del derecho internacional – “ex injuria jus non oritur”.
Es la propia Federación de Rusia quien tiene la culpa de haber creado la crisis humanitaria en el Donbás por todos los medios posibles, inclusive mediante la financiación del terrorismo y de la ocupación ilegal. Bajo ningunas circunstancias, en ninguna situación lógica el Gobierno de Rusia tiene el derecho de otorgar la ciudadanía rusa a los ucranianos “para fines humanitarios”.
