El EPP ha encontrado en el secuestro una eficiente manera de sostener su causa, y hay que decirlo, esta deleznable actividad criminal es eficiente en tanto exista un estado ineficiente, cómplice a través su incompetencia y su corrupción.
Ya llevamos más de dieciocho años y, catorce secuestros después, el gobierno no ha podido atrapar o reducir a un grupo criminal que tampoco puede crecer y que siempre significaron no más de 30 personas en campo, un grupo familiar que se esconde literalmente en un pedazo de monte (o al menos, es lo que nos hacen creer).
En televisión abierta, el vocero de las FTC reconoció que Adelio fue liberado por la presión y la búsqueda que ejercieron los indígenas y se justificó diciendo que la ventaja que tenían —los indígenas— es que no son blancos del EPP. Es decir, temen al enfrentamiento. Amigo lector, esto es equivalente a que los médicos dijesen que no entrarán a los hospitales porque le temen al virus, que deberían entrar los asintomáticos para obtener resultados, nada más absurdo. Además, justificó la inversión de catorce millones de dólares al año (227 millones de guaraníes al día), a pesar de la falta de resultados afirmando —sin sonrojarse— que de no ser por ellos estos criminales ya estarían en la ciudad. La verdad es que con tanto patio baldío, hasta me parece razonable que puedan llegar hasta Asunción sin ser detectados por la Policía, las Fuerzas Militares o la SENAD, como ya lo hizo el crimen organizado y como lo hace a cada hora del día el contrabando de cigarrillos, armas y estupefacientes.
Mientras tanto, este gobierno, manchado por la corrupción y viciado de incompetencia, tiene que sostenerse a pesar de la total y evidente falta de resultados en todos los frentes. Sin resultados en salud, ni seguridad, ni en educación, ni en trabajo ni en lo económico, en nada. Hoy el Gobierno encontró en el Ministerio Público —y en el “garrote judicial”— un instrumento eficaz para someter a los insurgentes, a los que deciden levantar la voz y reclamar sus derechos, regulando y castigando la libertad de expresión, de manifestación, imputando inocentes, utilizando todos los recursos a disposición para someter a actores civiles, ciudadanos de a pie. Mientras, ignora los más grandes y conocidos casos de corrupción protagonizados por políticos afines al gobierno y al cartismo.
Esta Fiscalía General ya no pertenece al Estado ni persigue delincuentes, pertenece a la mafia y persigue a la gente. Hoy día, ya nadie puede decir lo contrario.
Es así que este martes vence el plazo de 20 días para que Efraín Alegre presente la fianza por un caso que no tiene sustento jurídico, una imputación más pobre que la moral —ignominiosa— de la Fiscalía General, caso contrario, se ordenará su prisión. El apresamiento de Alegre es un camino solo de ida para este Gobierno, que desde hace meses se encuentra en un gradual y franco abandono de los caminos democráticos, significaría un pase sin retorno de este Gobierno antidemocrático, un verdadero secuestro legitimado por una justicia amoral, tuerta y absolutamente corrompida.
Efraín Alegre, quien representa el último resabio de oposición en el escenario político actual, es una verdadera piedra en el zapato del oficialismo y del cartismo. Alegre se ha demostrado incapaz de guardar silencio ante la corrupción y la falta de resultados del Gobierno. Ha acusado incansablemente a la Fiscalía General de la República de estar sometida al poder político de Cartes. Ha acusado a Cartes de liderar al crimen organizado transnacional y a Mario Abdo, en múltiples ocasiones, de ser el jefe de la corrupción estatal. Aunque muy a pesar del Gobierno, en democracia esto no es suficiente para privarlo de su libertad.
Lo paradigmático de todo es que hoy, Oscar Denis, ex presidente del PLRA se encuentra secuestrado por un grupo criminal minúsculo que puede más que un pesado y corrupto Estado paraguayo, que antes de combatir al crimen y gestionar su liberación, prefiere acallar las voces disidentes y literalmente “secuestrar” a Efraín Alegre, actual presidente del PLRA, quien afirma —al mismo tiempo— que el estado y el Partido Colorado están secuestrados por la mafia. El carácter simbólico de la situación es indiscutible, así como lo es el peligro que corre nuestro débil y anémico Estado de Derecho. Como pueblo paraguayo deberíamos exigir al gobierno una prueba de vida de nuestras garantías constitucionales y emprender la lucha por el respeto absoluto a nuestros derechos, así como nunca más volver a consentir un estado para la foto.
