Aunque ha habido avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte del Poder Judicial para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, coincidieron en señalar Carlos Arregui, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y actual miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), y Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), quienes durante Plaza Pública Dende analizaron el tema “Gafilat: Los resultados de una evaluación trascendente para el futuro de nuestro país”, bajo la moderación de Yan Speranza y la editorialización de Alberto Acosta Garbarino.
Carlos Arregui explicó que esta cuarta ronda de evaluaciones que permitió que Paraguay pase el examen de Gafilat, tuvo el condimento fundamental de la efectividad en el cumplimiento de normas, aunque se debe mejorar la capacidad de investigación y procesamiento de la situación financiera de las organizaciones criminales, además del decomiso de los bienes.
Refirió que Paraguay tuvo en general y en promedio una mejor calificación que Chile y Colombia, y apenas está por debajo de Uruguay. Agregó que a partir de la reciente calificación se tiene un año de monitoreo intensificado, que implica realizar ajustes y mostrar resultados en las investigaciones complejas de lavado de activos.
Asimismo, Arregui dijo que Paraguay fue el primer país de la región en ser evaluado en cuanto a los proveedores de servicios de activos virtuales y se tuvo una ponderación muy considerable sobre la reglamentación y la inscripción de estos prestadores.
El extitular de Seprelad reconoció también que la aprobación de un paquete de 10 leyes en un plazo de apenas un año permitió obtener una mejor calificación de Gafilat. Entre las normativas consideradas fundamentales, citó la del registro de personas y estructuras jurídicas, el registro de beneficiarios finales, con lo cual hoy en día en Paraguay ya no son posibles las sociedades anónimas; así como la creación de la Senabico, que permitió alcanzar USD casi 350 millones de incautación de bienes de personas relacionadas con lavado de dinero y de USD 40 millones en comiso.
Entre los sectores considerados de riesgo en el lavado de dinero, Arregui citó al inmobiliario y al automotor, señalando que es más fácil para el “lavador” comprar una propiedad, monetizar e introducirlo al sistema financiero. Otro sector de riesgo es el de cripto activos, donde deben realizarse mayores controles.
Refirió que la quinta ronda de evaluación será en el año 2025, con nuevos parámetros y estándares internacionales y todo lo que se viene haciendo servirá para la próxima evaluación.
El presupuesto actual asignado a la Seprelad es de USD 3 millones para controlar a todo el país y cada vez hay más sujetos obligados de control. Seprelad recibe 50 reportes de operaciones sospechosas diariamente, que son clasificados como reportes de importancia alta, media y baja, y de acuerdo a ello se remiten los informes al Ministerio Público para su investigación.
Entretanto, Beltrán Macchi dijo que una de las consecuencias en el sistema financiero para los países que no pasan los exámenes de Gafilat es el encarecimiento de las operaciones para los clientes en general. Ello, debido a que se corre el riesgo de que los corresponsales de bancos internacionales dejen de operar en esos países y si los bancos locales operan con bancos internacionales deben someterse a controles más estrictos, y en consecuencia las operaciones en el sistema bancario local se vuelven más costosas, porque hay que cumplir más exigencias.
Recordó que Paraguay ya estuvo en la lista gris en el año 2008, pero esa vez hubo un buen manejo y se tomaron acciones, muchas de ellas en tiempo récord, para salir de esa situación. Añadió que hay una evolución en el sistema de los controles y prevención, así como en la conciencia de los distintos actores de la necesidad de trabajo conjunto coordinado entre el sector público y privado.
El titular de Asoban manifestó que para combatir el gran problema de la informalidad, así como la ilegalidad entre los informales -que se estima en un 50 % de la economía- la tecnología es una herramienta fabulosa, ya que además permite la reducción de costos en los procesos. También señaló la necesidad de aplicar la tecnología en los pasos fronterizos, para fortalecer los controles, además de la asignación de recursos a favor de las instituciones públicas que tienen esta tarea.
Macchi señaló que si bien en el mundo están cambiando los conceptos y paradigmas del negocio financiero y tributario, tanto por el lado del secreto bancario como el secreto tributario, lo que permite compartir mayor información, aún hay mucho por hacer porque la carga de la prueba está en el cliente, ya que si bien la entidad financiera podría acceder a su información de forma digital, se le pide que acerque su fotocopia de cédula y otros documentos.
«Todo lo que hoy implica un costo para el cliente, se puede simplificar, y necesitamos por eso una estrategia de digitalización del Estado, de forma más amplia”, explicó.
Dijo que el sistema financiero está diseñado para la prevención de los delitos, y si bien se cuenta con la estructura y la tecnología, así como la información, todavía se está en un proceso de digitalización para hacer la vida más fácil de los clientes, validando su identidad en línea o su información fiscal, por ejemplo.
Expresó que desde hace una década los países están trabajando en sus monedas digitales y en los pagos instantáneos, así como en sistemas de pagos para reducir la circulación de efectivo, lo que permite una mejor trazabilidad de la ruta del dinero.
Aseguró que tendrá que seguir haciendo un esfuerzo grande en prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo y que todas las instituciones deberán sumarse a esta tarea. Agregó que para ello hay mucho de formación y de liderazgos que deben ser asumidos por el Poder Judicial y la Fiscalía, con la persecución judicial de los delincuentes.
Por su parte, Alberto Acosta Garbarino manifestó que el examen de Gafilat es fundamental para poder entender el desarrollo del país. Agregó que si bien se pasó «raspando» el examen, se dejaron recomendaciones para mejorar, ya que las certificaciones hay que pasar todos los días. Resaltó el problema del Poder Judicial, pues si bien hay normativas aprobadas e instituciones que realizan los reportes, hay pocas personas condenadas debido a la debilidad de la Fiscalía y del Poder Judicial. «Ese es el desafío que tiene Paraguay de aquí en adelante, para seguir manteniendo esta calificación que tenemos y para ir mejorando la calificación», afirmó.
Finalmente, Yan Speranza rescató que la transparencia y compartir información entre instituciones y organismos es irreversible, y que si queremos aprobar las evaluaciones debemos desarrollar una serie de mecanismos que nos permitan seguir en esta dinámica de coordinación y tecnología, así como capacitación y criterios unificados.
