Ya lo dice el refrán, no aclares que oscureces. Desde el Palacio de Gobierno, el secretario general y jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, se refirió al escándalo de presuntos hechos de corrupción que salpican al entorno de Juan Guaidó y que involucró también un intento de acuerdo con Paraguay.
El autoproclamado presidente interino de Venezuela, y reconocido como tal por varios gobiernos del mundo, entre ellos el nuestro, planificó estrategias para recuperar los activos venezolanos en el exterior, la mayor parte vinculadas con la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Como nuestra petrolera estatal Petróleos Paraguayos SA (Petropar) tiene una deuda millonaria con PDVSA, US$ 269 millones, dentro del plan entró Paraguay. Villamayor dijo que el 29 de octubre del 2019 Guaidó envió una carta a Mario Abdo Benítez para informarle que designó a Javier Troconis como comisionado presidencial para la Gestión de Activos de Venezuela.
“Acudo a usted a fin de solicitar muy respetuosamente le sea brindada al señor Troconis la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus funciones”, decía la carta del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y “presidente en ejercicio de la República Bolivariana de Venezuela, autoridad reconocida por el Estado Paraguayo”, dijo Villamayor.
El 11 de noviembre del 2019 hubo una reunión en el Palacio de López entre Troconis, el abogado argentino Sebastián Vidal (contratado por Troconis y presunto abogado de PDVSA) y el ministro Villamayor.
Según el jefe de Gabinete de la Presidencia, a diferencia de lo expresado por algunas autoridades de la oposición venezolana, Paraguay recibió un borrador de un proyecto de convenio, no hizo ninguna contraoferta.
Explicó que ese contrato “prospectivo” establecía que todos los gastos causídicos de los profesionales que hacen la gestión serían pagados por PDVSA (US$ 26 millones era la comisión para el abogado Vidal), que los intereses que el Estado paraguayo desconoce no se contemplan en el acuerdo y además, se propone una quita del 50% del capital de la deuda, es decir, Paraguay debía de pagar unos US$ 132 millones para saldar toda la deuda.
Sin embargo, el exfiscal general de Guaidó, José Ignacio Hernández, dijo al Washington Post que recibió el contrato en marzo del 2020, y respondió a la propuesta del Gobierno paraguayo, indicando que no era legalmente válida y que no iba a ser aceptada.
¿LEGÍTIMO O ILEGÍTIMO?
Juan Ernesto Villamayor explicó que Paraguay no aceptó el acuerdo con Guaidó porque, “en derecho existe un concepto llamado ‘personería jurídica’, uno tiene que acreditar cuál es el rol que cumple, y esa acreditación en la situación que vive Venezuela, se constituye un obstáculo insalvable”.
Es decir, hoy Venezuela tiene a Nicolás Maduro como presidente proclamado por las autoridades electorales venezolanas, y por otro lado Juan Guaidó, reconocido por varios gobiernos como presidente encargado y/o interino. De ellos, es Maduro el que tiene el control territorial y de las instituciones, por ende, para Paraguay, no se podía “garantizar que el pago efectuado tenga fuerza cancelatoria”.
Aunque Paraguay, como Estados Unidos y países europeos reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela, “no se puede avanzar en materializar ningún tipo de acuerdo, no importa el contenido. Es imposible porque no existe la autoridad reconocida en forma unánime”.
Villamayor refirió que el borrador está archivado.
ALLEGADO
El abogado Sebastián Vidal es representante legal de una de las firmas del empresario paraguayo radicado en Argentina, Carlos Abdo, familiar del actual presidente Mario Abdo Benítez. Aunque él mismo reconoció el parentesco, dijo que no tenía nada que ver en la negociación.
Vidal iba a cobrar US$ 26 millones de comisión, que la Venezuela de Guaidó iba a ser la encargada de abonar, y que según Villamayor, el porcentaje de la comisión fue lo discutido entre los referentes de la oposición venezolana.
CRONOLOGÍA DEL NEGOCIADO
Pero hay que entrar en contexto, en primer lugar en el 2016 se inició un proceso de arbitraje por la deuda de Paraguay con PDVS ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), atendiendo que según Petropar la deuda es menor a lo que el Gobierno de Maduro reclama.
El chavista Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), había reclamado al Paraguay una deuda de US$ 340 millones con PDVSA. Y en marzo del 2019, la ex presidenta de Petropar, Patricia Samudio dijo que era de US$ 280 millones.
En enero del 2019 Abdo Benítez anuncia que reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela. El 1 de marzo del 2019 Guaidó visita Asunción y se reúne con Mario Abdo Benítez en el Palacio de López.
El 26 de marzo Paraguay informa a París que desconoce la autoridad de Maduro, por lo que el proceso de arbitraje queda suspendido, pues la deuda estaba siendo negociada con el oficialismo venezolano, que deja de ser reconocido por nuestro Gobierno.
Siete meses después empieza a ejecutarse el plan de recuperar los activos venezolanos por parte de Guaidó, y con Paraguay en el medio. Y justamente en ese contexto, aparece en el equipo negociador el abogado Vidal, ligado a un holding que pertenece al familiar del presidente de la República, y que además pretendía cobrar US$ 26 millones de comisión.
Finalmente, para concluir, Juan Ernesto Villamayor, mencionó que no hacía falta mencionar sobre esta negociación “porque no existió ninguna posibilidad de suscribir, no había posibilidad material de hacerlo, falta la personería”.
