En los próximos días se deberá dar la sesión en el Congreso donde el voto censura al titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), José Antonio Ortiz, debiera de cobrar vida para entender que la política contra la corrupción y en favor de la transparencia se traduce en hechos concretos por parte de esta administración.
El dilatar el resultado y ver que las pruebas están expuestas, con varios dictámenes, donde se resalta los de la Contraloría General de la República (CGR) y la Secretaría de Estado de Tributación (SET) y la denuncia penal que hicieron al Ministerio Publico los Senadores Enrique Bachetta, Esperanza Martínez y Jorge Querey.
Es urgente tomar como ejemplo este caso y preguntarnos cuál es el nivel de protección que puede tener el Sr. Ortiz, como un “obediente crupier”, para lograr aplazar una sesión y no tomarse en cuenta el nivel de respuestas en la sesión de interpelación, ni tampoco ninguna de las pruebas públicas, denunciadas y conocidas a la luz pública.
Hay varios sectores (políticoempresarial) que lucran con los manejos poco transparentes que dañan al erario público y por ende perjudican a entidades que deberían ayudar con los impuestos y recursos que no pagan y buscan mecanismos para evitar lo mas que se pueda no honrarlos, o definitivamente tiene demasiada “suerte”.
Solo para recordar uno de los momentos que llamó mucho la atención en la audiencia de interpelación fue cuando se le consultó “si estaba de acuerdo con las resoluciones que emitió la Conajzar”, dijo que hace 10 años viene funcionando así y que todos actuaron con una mirada cómplice y nadie hizo nada.
Como dijo el contralor, en un programa de TV en el caso de la deuda de Itaipú, “a confesión de parte relevo de prueba”. Si el propio titular asume que por “costumbre” las cosas se hacen mal durante todo este tiempo, creo que no hay mucho que agregar para que ponga su cargo a disposición o le den el voto de censura.
No se puede aducir ignorancia de la ley. No puede el Sr. Ortiz decir que esto sucede por la falta de una normativa que brinde el marco jurídico y preventivo de ludopatía, refiriéndose a los equipos de tragamonedas.
La pregunta también sería si con toda las pruebas existentes, por ejemplo, en el caso de las quiniela, ¿no existía legislación que le muestre que estaba mal volver a dar los derechos a una empresa que abiertamente estaba violando varias normas? Para rematar, confesó que la Conajzar no da facturas.
Como conclusión, la interpelación es más ruido que otra cosa, ya que la interpelación no tiene fuerza coercitiva, ni vinculante ni sancionadora. De manera rotunda y a las pruebas tan solo hay que remitirse.
Hay que recordar lo que en sesión del Congreso el Decano del Poder Legislativo, el Senador Juan Carlos Galaverna resaltó que “lo único que cabe es decir que el presidente de la Conajzar está actuando como vocero de las empresas privilegiadas con contratos de manera torcida, sucia y vergonzante”. El señor Ortiz debe ser echado por servir a empresas y no a los intereses legales de todos los paraguayos y paraguayas.
Tal vez no hay mucho más por hacer, pero es necesario dejar expuesto que todavía en el Paraguay los grupos organizados que tienen sus vínculos muy metidos en la gestión política, judicial y legislativa por razones que obviamente generan buenos resultados económicos a estos sectores y terceros gozan de muy buena salud.
No podemos dejar de denunciar lo que está mal y más con pruebas que acompañan órganos del control del propio gobierno. Tal vez esto quede en el “oparei” (en la nada) como decimos en “paraguayo”, pero por lo menos se ha dado un paso importante que es el de conocer el esquema de cómo operan, quiénes son sus ejecutores, cómplices y cuál es el daño que le hacen a millones de personas que por angurria hoy no pueden tener una asistencia médica o social que la entidad debe cobrar, pero el Sr. Ortiz como “obediente crupier” hace que la “casa” siempre gane.
