Por David Chamorro
Hace un par de semanas, varias organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron una intervención a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Contraloría General de la República (CGR) para investigar la desaparición de la base de datos del Registro Civil. En gestiones anteriores, hace más de una década, el Gobierno Nacional ya había destinado US$ 4 millones para la digitalización de dichos archivos.
Este proceso, que se pretendía volver a realizar por medio del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), fue suspendido. El ministro, Alejandro Peralta Vierci, desmintió vinculaciones de su cartera con los procesos anteriores y afirmó que los recursos no han sido asignados.
– Con base en los cuestionamientos hacia la digitalización del Registro Civil, ¿qué responde a las críticas en torno a su gestión? Esto, considerando que ya el Estado paraguayo destinó en 2006 unos US$ 4,3 millones para la misma finalidad.
Primeramente, es importante aclarar que a pedido del Ministerio de Justicia se previó destinar recursos para el proceso de transformación digital del Registro Civil en la planificación del Programa “Agenda Digital”. Sin embargo, a la fecha tales recursos no han sido asignados ni mucho menos desembolsados, ya que recién en fecha 03 de agosto del 2020 el proyecto técnico del Registro Civil fue presentado al MITIC, y a partir de allí, fue sometido a un proceso de validación que a la fecha no ha concluido.
A pesar de la necesidad de avanzar en la gestión de trámites digitales, es importante esclarecer los hechos cuestionados sobre gestiones en gobiernos anteriores. Por eso, en conjunto con el Ministerio de Justicia, decidimos suspender el proyecto, hasta tanto se cuente con los antecedentes de manera clara y precisa, que otorgue certeza de que el nuevo proyecto será transparente […].
Desde el inicio solicitamos al Ministerio de Justicia la realización de una investigación que esclarezca lo ocurrido con relación a proyectos anteriores. Sin ello no avanzaremos en la implementación de este nuevo proyecto. Finalmente, en una nota recibida el 22 de septiembre, la Ministra de Justicia compartió que dicha auditoría ha sido dispuesta.
– ¿Quién es o debería ser el responsable por la información perdida de 9 millones de actas que costó millones al Estado?
La necesidad de determinar la información y documentación existente en el Registro Civil, y deslindar responsabilidades sobre el manejo de los fondos en los proyectos de digitalización anteriores, era y es hasta hoy urgente […]. De encontrarse responsables ante una eventual pérdida de información, los mismos serían funcionarios de la institución involucrada en el proyecto respectivo, que en este caso es el Ministerio de Justicia.
– ¿Qué responde ante las Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitan se inicie una investigación en torno a la desaparición de la base de datos?
Me parece excelente, es necesario que los órganos de control tomen intervención lo antes posible en este tipo de casos para determinar si existieron o no hechos irregulares y deslindar responsabilidades sobre el manejo de los fondos públicos.
Quisiera, igualmente, aclarar nuevamente que el MITIC no estuvo involucrado en los proyectos previos de digitalización del Registro Civil por lo cual no es responsable de sus resultados, sean estos positivos o negativos. El MITIC, a pedido del Ministerio de Justicia, previó destinar recursos para el proceso de transformación digital del Registro Civil en la planificación del Programa “Agenda Digital”, tales recursos no han sido asignados ni mucho menos desembolsados; el proyecto presentado inició un proceso de validación interna y externa y actualmente está suspendido.
Finalmente, el ministro brindó información adicional mencionado que existe un informe de CGR respecto al “Programa de Modernización del Estado”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el 2006, que incluía un proyecto de fortalecimiento del Registro Civil que tenía por objeto transcribir los datos contenidos en las actas de inscripciones (sobre la base de 9 millones de actas), para crear una base de datos informatizada que permita un aumento en la eficiencia al momento de acceder a la información de dichas documentos. Las actas cuya información se digitalizó fueron las generadas a partir de 1970. Se contrató a la OEA y esta subcontrató.
Al respecto, desde el BID manifestaron que en dicho proyecto se digitó la información que contenían las actas para crear la base de datos (transcripción o copia de datos del papel a formato digital; no se capturaron imágenes de actas). Esta información continúa en uso y se utiliza para generar los certificados de nacimiento (extractos del acta original). Con el proyecto BID se procesaron 8,6 millones de actas, información que no se perdió y que sigue siendo de mucha utilidad, según expresaron.
