La crisis desatada por la pandemia puso una lupa sobre la situación precaria de los derechos laborales en el Paraguay. Si bien es cierto que en términos teóricos la ley laboral protege a los trabajadores, en la práctica no es así. A lo largo de estos tres meses, los expertos coincidieron en que hay una especie de desprotección y falta de control del Ministerio de Trabajo sobre los empleadores y la situación es muy delicada con respecto al sector formalizado, sin hablar del informal.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, expuso que de los 140.000 trabajadores suspendidos, 70.000 ya regresaron a sus actividades laborales, la cifra corresponde a la sumatoria de las empresas que tenían suspensión hasta finales de junio o julio y decidieron volver antes porque las fases de muchos sectores económicos se adelantaron, como los shoppings.
En cuanto a la situación del trabajo hoy en el país, el Defensor del Pueblo, abogado Miguel Ángel Godoy, comentó que se dio una desocupación natural como consecuencia del Covid-19. “Ante esta evidente crisis se han realizado varias políticas públicas, por presión y trabajo de las asesorías y requerimientos pudimos tener ciertos logros, se le dijo a los empresarios que estaban obligados a cumplir las reglas laborales, algunos empresarios ganaron mucho dinero, principalmente los del rubro de productos alimenticios, se dio una especie de suerte de variable”, señaló.
Asimismo, comentó que se vivieron tiempos difíciles, ya que trabajadores como ayudantes de albañiles o vendedores ambulantes fueron golpeados a otro nivel y se va a necesitar mucha creatividad e inteligencia a la hora de poder reestructurar la situación.
“La línea de poder decirle a los industriales o medianos empresarios que deben cumplir los derechos laborales a la velocidad de la luz y los trabajadores deben recuperar sus derechos, es muy delgada, atendiendo a que todos tuvieron de alguna forma un golpe en esta crisis”, explicó el abogado.
Agregó que las definiciones muy radicales sin el acompañamiento de una política pública del Estado tienen que ir por el lado de exoneración impositiva, más que la subvención, porque cuando entran en ese tema vienen los problemas.
“Es increíble, pero nunca la pegamos con el tema de la subvención porque por ejemplo no se le da a este empresario, y se le da a otro. Soy más partidario de algún tipo de beneficio en cuanto a desobligarle temporalmente de cargas impositivas y ayudar a que puedan levantar de vuelta su empresa, además de la creación de políticas del Estado que puedan imponer que nosotros compremos nuestros propios productos”, destacó Godoy.
Finalmente, acotó que no se va a solucionar esta crisis muy rápido, ya que se va a necesitar de tiempo y de una mayor intervención del Estado.
“Estamos recibiendo casi 7.000 denuncias de personas que no recibieron los beneficios de Pytyvõ. A mí me preocupa la falta de previsibilidad de las políticas públicas a la hora de poder tener un objetivo claro en cuanto a los sujetos a ser beneficiados por el programa social”, concluyó.
