A más de 30 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, uno de los legados más nefastos son las tierras malhabidas. Extensiones de al menos 8 millones de hectáreas, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), fueron entregados de forma irregular a personas que no estaban sujetas a la reforma agraria, en las que figuran empresarios, políticos, militares y personas ligadas al partido de turno, entre ellos el padre del mismo presidente de la República, Mario Abdo.
Este acontecimiento no menor se dejó de lado desde siempre, de acuerdo con los explicaron representantes de organizaciones, quienes afirman que desde el Gobierno nunca hubo interés en recuperar estas grandes e importantes extensiones de tierras.
“Desde mi punto de vista, a lo largo de toda esta era de la post dictadura, se puede notar que hay procesos de legitimación institucional de la usurpación de las tierras públicas, que estaban originalmente destinadas a la reforma agraria pero terminaron en manos de empresas vinculadas al agronegocio o de personas que no son acreedoras de las mismas”, expresó Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Amarilla enfatizó en que esos “procesos de legitimación político- institucional”, como lo considera, es resultado de la impunidad que reina sobre procesos administrativos “hechos fraudulentamente en la época de la dictadura”.
Agregó que hay todo un proceso judicial que conectó esa legitimación política de la usurpación, por lo que es lógico que luego de 30 años no se tengan resultados en términos de recuperación de esas tierras, que bien podrían servir para satisfacer muchas de las demandas que tienen los campesinos de acceder a las mismas.
Por su parte, Rodrigo Villagra, presidente del directorio de Tierra Viva, indicó que hay casos irregulares de público conocimiento, con gigantescas porciones de tierra, en las que se van presentando “nuevas trampas” para no dar paso a un registro transparente.
Recordó varias expropiaciones que debían ser propiedades del Estado, como por ejemplo Marina Cué́ o Campos Morombí, pero que terminaron en manos de familias mediante resoluciones, pero que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) nunca apeló de forma legítima.
“Hay apropiaciones de tierras indígenas que fueron denominadas colonias, hay casos de doble titulación. Hay informes incluso del 2016 que muestran esta problemática. Nuestra posición es que se deben respetar los territorios indígenas ya titulados, lo cual no es así. Basta con mirar el censo del 2012, donde la cifras oficiales hablan de que casi el 37% de las comunidades indígenas sufren algún tipo de atentado a su derecho de propiedad”, argumentó.
Recordemos que, de acuerdo con el informe de la CVJ, fueron beneficiados pese a no ser sujetos a la reforma agraria, el expresidente Andrés Rodríguez, Mario Abdo Benítez, el director paraguayo de la Itaipú, Ernst Bergen, el senador de Patria Querida, Fidel Zavala, entre otros. Asimismo hay un informe de investigación de Oxfan del 2016, donde también habla de las tierras mal adjudicadas.
El senador del Frente Guasú, Jorge Querey, dijo la semana pasada que pedirá informes al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República (PGR), sobre la situación penal de los casos.
El parlamentario sostuvo que el tema está profundamente investigado y denunciado ante las instancias correspondientes, pero que no se reportan avances..
“De acuerdo con los estudios, serían 7.851.296 hectáreas de tierras las adjudicadas ilegales durante y después del stronismo a beneficiarios cómo; políticos, militares, narcos y amigos de las autoridades de turno” aseguró.
Para la diputada de Patria Querida, Rocío Vallejos, consideró que si el Estado comprueba esta situación debe activar los mecanismos jurídicos que están a su alcance.
“Si se van a iniciar acciones siempre hay que tener toda la documentación y ver la legislación vigente aplicable”, subrayó.
Consultamos sobre el caso al asesor jurídico Indert, Aldo Eduardo León, quien luego de revisar los documentos aseguró que la institución no tiene documentado acciones concretas al respecto, asegurando que es la Procuradoría General de la República la encargada de la recuperación.
El Paraguay presenta la distribución de tierra más desigual del mundo,donde el 90% de la misma está en manos de 12.000 grandes propietarios.
