Lima, 12 oct (EFE).- El abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó este miércoles que la denuncia presentada por la Fiscalía ante el Congreso en contra del mandatario es «una violación flagrante a la Constitución» y consideró que, si esta sigue adelante, mostraría que en el país «nadie puede dormir tranquilo».
«Si esta violación flagrante a la Constitución se da a trámite y no es declarada improcedente, entonces en el Perú nadie puede dormir tranquilo», sentenció el abogado Benji Espinoza, en una entrevista con Canal N, ya que, según él, la denuncia invoca a un tratado internacional y no a la carta magna del país.
Explicó que esta decisión de la fiscal de la nación (general), Patricia Benavides, puede mostrar que nadie en el país podría tener seguridad, ya que no se respeta la Constitución.
La Fiscalía presentó este martes en el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.
También por delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).
Horas después, Castillo dio una rueda de prensa en la que declaró que se estaba dando «una nueva modalidad de golpe de Estado» en el país.
Tras estos hechos sucedidos este martes, Espinoza reiteró la inocencia de Castillo, la falsedad de los cargos de los que se le acusan y la superioridad de la Constitución sobre todas las normas.
Señaló que la denuncia presentada es «un claro error de concepto, de no comprender bien el derecho internacional», porque que el tratado internacional al que invoca «vale menos que la Constitución», y que por tanto Benavides tendría que apartarse del caso.
«Si yo encontrara alguna prueba o se mostrara una prueba de que Castillo es culpable de algún delito, yo renuncio inmediatamente a ser su abogado (…) A mí nada me pesa para tomar decisiones», dijo Espinoza en defensa del presidente.
Explicó que en el ámbito de la Justicia ordinaria, van a pedir al juez supremo una nueva tutela de derechos sobre la denuncia de la fiscal y que este haga prevalecer su decisión y no permita reinterpretaciones del Ministerio Público.
Además, van a presentar una demanda constitucional de amparo invocando al derecho de la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, y el principio democrático.
DENUNCIA CONSTITUCIONAL
Tras el anuncio de la fiscal, Benavides ofreció un pronunciamiento público en el que justificó su decisión aludiendo a los «muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno» que supuestamente se encontraron durante las diligencias de la mañana.
La fiscal fue enfática al afirmar que esta red corrupta está «presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones», e integrada por varios ministros.
Además, acusó a la misma organización de desplegar una «constante y feroz obstrucción a la Justicia» que, alertó, «pone en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer».
Con la remisión de la denuncia constitucional contra Castillo al Parlamento, ahora queda en manos del Legislativo el avance de un trámite que, de pasar todas sus etapas legales, podría resolverse con una votación en el pleno sobre una eventual suspensión del mandatario, quien en sus quince meses de gestión ha sobrevivido a dos intentos de destitución impulsados por la oposición, que domina la Cámara. EFE.
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