Olvidadas, invisibilizadas y minimizadas, de este modo son tratadas la mayoría de las cifras que corresponden a casos de niñas y adolescentes desaparecidas, que aparte de ser una constante en nuestro país, no cuentan con un detenido seguimiento que esclarezca la situación en la que puedan encontrarse estas personas indefensas.
Desde enero al 20 de agosto de 2021, la Policía Nacional reportaba 1.575 personas desaparecidas: más de la mitad de esas personas tenían menos de 18 años, de las cuales el 79,3% eran niñas y adolescentes mujeres. Por otro lado, el 57% de niños y adolescentes varones reportados como desaparecidos fueron o han sido localizados, mientras solo el 47% de niñas y adolescentes mujeres fueron localizadas.
Una mayor cantidad de niñas y adolescentes mujeres son reportadas como desaparecidas, y son las menos localizadas en proporción, según el Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), a través de una Hoja Informativa de Datos.
Uno de los casos es el de la niña de Emboscada, quien desapareció hace más de un año y hasta hoy día no se cuenta con ningún tipo de esclarecimiento de su caso. Muchas otras pueden estar en la misma situación que ella, pero las acciones que velen por su protección son casi nulas, por no decir inexistentes.
La actual estadística relevada de fuentes oficiales nos indica que, en promedio, por día se reportan entre 3 y 4 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, y que se tiene registro de que han sido localizados menos de la mitad. En este periodo de tiempo relevado (enero a agosto de 2021), se encontró que 4 habían sido hallados sin vida: 2 niñas y adolescentes mujeres, y 2 niños y adolescentes varones.
La protección de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado: es éste el garante de los derechos, que deben asegurarse por medio de políticas públicas y presupuestos, a nivel nacional y local, para la prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, junto con sus familias y comunidades.
ROLES DE AUTORIDADES
Actualmente existen dos instituciones que intervienen en la búsqueda de niñas y adolescentes desaparecidas, la Policía Nacional y el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal.
Por otra parte, en 2019, se creó una nueva dependencia policial, la División de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que se encarga de recibir las denuncias sobre la desaparición de personas de las comisarías, subcomisarías y puestos policiales, cargando los datos los desaparecidos.
“Nosotros actuamos de acuerdo a las circunstancias en que se da la desaparición y si constituye o no un hecho punible”, explicó Carina Sánchez, la Fiscal Delgada de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil.
Sánchez determinó que ese es el paso a seguir, sin embargo, una cuestión básica es el pedido de orden de búsqueda y localización a la Policía Nacional. En este sentido, la fiscal mencionó lo esencial que resulta brindar todos los datos posibles para una mejor búsqueda.
De acuerdo a la interventora, desde el Ministerio Público trabajan interinstitucionalmente para un mejoramiento del protocolo de búsqueda, ya que actualmente dependen del sistema de la Policía Nacional.
“No podemos hablar de una unidad especializada dedicada a la búsqueda de niñas y adolescentes desaparecidas porque esto no constituye un hecho punible y es tratado solo como una desaparición, hasta que se demuestren hechos de violencia o la implicancia de una persona mayor en el caso”, puntualizó la fiscal.
ACCIONES INSUFICIENTES
En cuanto al protocolo llevado a cabo por las autoridades encargadas, Dante Leguizamón, miembro del área de Vigilancia de la CDIA, indicó que el principal problema para solucionar los casos de niñas y adolescentes desaparecidas es buscar la relación con algún hecho punible.
“Que en un principio no se trate de eso, no significa que la niña o la adolescente no se expongan a una vulneración de derechos o situación de riesgo”, esclareció Leguizamón, añadiendo que, al tener una lenta investigación, se desconoce el fondo de abuso sexual o violencia en la que puede estar la víctima.
Justamente por estos motivos, desde la CDIA plantean un enfoque diferente en cuando a la manera de encarar los casos de niñas y adolescentes desaparecidas, animando a aplicar un protocolo que se preocupe más por la protección de las víctimas, en lugar de analizarlos necesariamente como hechos punibles.
“Esto sin mencionar la intervención que deben realizar desde la Policía Nacional, que cuenta con un protocolo de búsqueda en los papeles, pero el cual es desconocido por parte de los comisarios porque no se aplica de manera correcta”, precisó Leguizamón.
Finalizando la idea, el miembro de CDIA recalcó que el mayor error en nuestro país es creer que el derecho penal resuelve cualquier conflicto, cuando los casos de desaparición de niñas y adolescentes se apuntan más a la falta de protección de las mismas.
TORPES BÚSQUEDAS
“Actualmente, el único abordaje que se da a la desaparición de las niñas y adolescentes es la orden de búsqueda emitida por la Fiscalía a la policía, quienes registran en su base de datos, dejando en caso allí, sin que nadie lo busque o haga el seguimiento requerido”, observó la abogada Diana Vargas, especialista en Derechos Humanos.
Al respecto, la profesional dijo que existe todo un universo de desaparición de niñas y adolescentes del cual nadie se ocupa ni se responsabiliza. Poniendo como ejemplo, Vargas dijo que una persona hace la denuncia a una comisaría jurisdiccional, órgano que no investiga y solo se encarga de cargar el caso.
Entonces, prosiguió la abogada, uno piensa en la el Departamento de Trata de Personas, como unidad especializada, pero resulta que esta división no interviene en el caso, hasta encontrar indicios valederos que demuestra un hecho relacionado a la trata de personas.
Así, el caso queda cargado en la base de datos y si por algún motivo aparece la víctima, esta cuenta con una orden de búsqueda en el sistema y se debe enfrentar a una serie de dificultades legales por este motivo.
“Ahí está la paradoja: cuando te perdés, nadie te busca, pero si aparecés y tratás de ejercer tus derechos, la orden de búsqueda prima en tu contra para restringirte”, expuso la especialista.
Vargas destacó que, para lograr establecer estos casos de interés general, es necesario que se encuentren dentro de la agenda pública, es decir, destinar suficientes recursos humanos que velen por la protección de las niñas y adolescentes y den prioridad a los casos de desaparición de las mismas.
La especialista afirmó que la cantidad de presupuesto invertido para la resolución de estos casos, nos dicen cuán importantes son para nuestras autoridades. Existe un departamento de búsqueda de personas desaparecidas, pero con muy poco personal, lo que, para la profesional, es indicio suficiente de la baja inversión.
“Por otra parte, la Fiscalía cuenta con una unidad especializada en abigeato, lo que nos lleva a pensar que es más importante investigar el hurto de vacas, que la desaparición de niñas y adolescentes”, concluyó Vargas.
Así, en un país donde no ponen como asunto principal estos casos que afectan a las niñas y adolescentes, cada vez veremos más lejanas o ralentizadas las soluciones de las autoridades. Mientras pregonan que se encargan de la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿dónde están cuando una familia llora por la desaparición de su hija?
