Los gremios docentes anunciaron una huelga nacional para el 17 y 18 de septiembre en rechazo al reajuste salarial del 2,4% contemplado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. La Federación de Educadores del Paraguay (FEP) reclama un aumento del 8% y busca incorporar el pedido durante el tratamiento legislativo.
El conflicto coloca nuevamente al Poder Ejecutivo frente a una negociación con organizaciones sindicales en pleno proceso de discusión presupuestaria. El dirigente Silvio Piris, presidente de la FEP, anunció además que el sector podría ampliar las medidas de fuerza si no obtiene una respuesta durante las primeras jornadas de paro.
La presión ocurre mientras el Congreso ya comenzó el estudio formal del proyecto. El 7 de septiembre quedó instalada la Comisión Bicameral de Presupuesto, presidida por la diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), que deberá analizar la propuesta antes de su tratamiento en ambas cámaras.
¿Qué diferencia existe entre el aumento propuesto y el que reclaman los docentes?
El proyecto presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece un reajuste de 2,4% para los docentes, vinculado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El gremio, en cambio, plantea un incremento de 8% para 2027.
La distancia entre ambas posiciones no es solamente salarial. También refleja una discusión sobre cuánto espacio tiene el Estado para ampliar el gasto permanente mientras intenta mantener una trayectoria de consolidación fiscal.
El proyecto de PGN 2027 asciende a G. 166,3 billones, unos US$25.700 millones, y representa un incremento de 11,2% respecto al presupuesto vigente. Al mismo tiempo, el Ejecutivo plantea un déficit fiscal de hasta 3,9% del PIB para 2027, por encima del límite ordinario de 1,5% previsto por la Ley de Responsabilidad Fiscal, con el argumento de atender obligaciones acumuladas.
En ese contexto, aumentar un porcentaje salarial por encima de la propuesta oficial supone identificar recursos adicionales o modificar prioridades dentro de un presupuesto que ya contempla mayores compromisos fiscales.
¿Cuánto dinero contempla el Presupuesto 2027 para educación?
El proyecto asigna G. 10,4 billones al sector educativo. Dentro de esa estructura, el Ejecutivo incorporó G. 194.000 millones adicionales para docentes y horas cátedra, además de G. 58.000 millones destinados al escalafón docente.
El dato permite dimensionar el conflicto: el Gobierno no eliminó el financiamiento adicional para el sector, pero los gremios consideran insuficiente el reajuste salarial previsto. La disputa se concentra, por tanto, en la distribución y suficiencia de los recursos dentro de una asignación educativa que supera los G. 10 billones.
La discusión también tiene una dimensión institucional. El proyecto fue elaborado por el Poder Ejecutivo, pero su aprobación corresponde al Congreso Nacional, que puede introducir modificaciones durante el tratamiento legislativo. La Comisión Bicameral tiene precisamente la función de estudiar la propuesta y emitir un dictamen para su posterior consideración por ambas cámaras.
Para el Ejecutivo, el margen de negociación está condicionado por el escenario fiscal. Para los legisladores, el debate implica decidir si incorporar mayores gastos salariales, de dónde obtener los recursos y cómo compatibilizarlos con las demás prioridades del Estado.
¿Qué papel tendrá el Congreso en la negociación con los docentes?
La instalación de la Comisión Bicameral de Presupuesto trasladó el conflicto a una nueva etapa. La instancia está integrada por representantes de ambas cámaras y quedó bajo la conducción de Cristina Villalba, mientras el senador Silvio Ovelar ocupa la vicepresidencia.
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, presentó ante los legisladores los principales lineamientos del proyecto y advirtió que el escenario de recursos está condicionado, entre otros factores, por la apreciación del guaraní frente al dólar. El proyecto prevé además un crecimiento de la recaudación tributaria de 8,2% para 2027.
El proceso legislativo abre así un espacio para que los gremios intenten modificar la propuesta original. Pero cualquier incremento salarial deberá ser incorporado dentro de una estructura presupuestaria que incluye salud, seguridad, infraestructura, protección social y el cumplimiento de obligaciones acumuladas.
La discusión adquiere mayor sensibilidad porque el Gobierno enfrenta simultáneamente reclamos del sector médico. El propio proyecto incorpora recursos para atender demandas de salud, mientras los médicos mantienen su propia disputa salarial. Una eventual convergencia de ambos conflictos elevaría la presión sobre el Congreso durante el tratamiento del PGN.
¿Puede el conflicto docente extenderse y coincidir con la protesta médica?
La advertencia de los gremios docentes apunta a una posible ampliación del conflicto. Silvio Piris señaló que, si no existe una respuesta durante las jornadas del 17 y 18 de septiembre, los docentes podrían retomar la huelga entre el 22 y el 24 de septiembre. Esa posibilidad coincidiría parcialmente con nuevas movilizaciones anunciadas por los médicos para el 21 y 22 de septiembre.
Una coincidencia temporal entre ambos sectores trasladaría la negociación presupuestaria desde las mesas técnicas hacia un escenario de mayor presión social. Para el Gobierno, el desafío consistiría en responder a demandas salariales sin comprometer las metas fiscales que justifican la estructura del PGN 2027.
El conflicto también tiene una dimensión de gobernabilidad. Educación y salud representan servicios públicos esenciales y concentran una parte importante del gasto estatal. Una escalada simultánea puede afectar la prestación de servicios y obligar al Ejecutivo y al Legislativo a acelerar negociaciones sobre partidas que, una vez incorporadas al presupuesto, generan compromisos recurrentes.
¿Qué está en juego más allá del aumento salarial?
La discusión sobre el 8% frente al 2,4% excede el porcentaje de un reajuste. El debate determinará cómo el Estado paraguayo distribuye recursos adicionales en un año en el que el Gobierno proyecta un déficit de 3,9% del PIB y busca retornar al límite fiscal de 1,5% en 2028.
Desde la perspectiva institucional, el proceso también pone a prueba la coordinación entre Ejecutivo, Congreso y organizaciones sindicales. El presupuesto es el mecanismo mediante el cual se traducen las prioridades políticas en asignaciones concretas, pero esas decisiones deben sostenerse con ingresos y financiamiento compatibles con la capacidad fiscal del Estado.
La forma en que se resuelva el reclamo será observada además por actores económicos y organismos de cooperación. Un acuerdo salarial acompañado de una fuente clara de financiamiento puede preservar previsibilidad; una ampliación de gastos sin respaldo puede aumentar las presiones sobre las cuentas públicas y complicar la trayectoria de consolidación fiscal.
¿Cómo llega el Presupuesto 2027 a la negociación salarial?
El PGN 2027 entra en una etapa en la que las cifras propuestas por el Ejecutivo comienzan a transformarse en decisiones políticas del Congreso. La demanda docente introduce uno de los primeros grandes puntos de negociación sobre el proyecto y coloca el gasto salarial en el centro del debate.
La tensión se resolverá durante el trámite legislativo: G. 10,4 billones para educación, un reajuste oficial de 2,4%, un reclamo gremial de 8% y un escenario fiscal que contempla temporalmente un déficit de 3,9% del PIB. Esos números delimitan el margen de negociación entre las demandas sectoriales y la capacidad financiera del Estado.
La huelga del 17 y 18 de septiembre será, por ahora, el primer punto de presión. El siguiente estará dentro del Congreso, donde las modificaciones al presupuesto definirán si el reclamo docente se convierte en una nueva partida fiscal o permanece como una demanda pendiente para el Ejecutivo.
