La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) adjudicó a la firma Odontomédica SA por G. 4680 millones (US$ 670.000) para seguros médicos. Esto bajo el ID 377440.
Para el llamado se presentaron tres oferentes; Samaja SA de Roxana Pino, Docto SRL de Isabel Chaparro y la ya citada Odontomédica SA de Celestino González y Édgar Otazo. Sin embargo, a pesar de ser la oferta más cara, Odontomédica SA fue electa como la ganadora.
En concreto; Samaja SA ofreció seguros individuales por G. 950.000. Docto SRL ofreció el mismo seguro por G. 954.000 por funcionario. Mientras que Odontomédica SA ofreció G. 969.000, un monto considerablemente superior a los demás y sin embargo resultó electa.
En los documentos publicados por la DNCP se observa que Samaja SA fue descalificada por no tener las siguientes especialidades médicas: gastroenterología pediátrica, neumología pediátrica, proctología y coloproctología, psiquiatría y otras más.
Mientras que Docto SRL fue descalificada por no contar con cinco años de experiencia en el rubro de los seguros médicos. Requisito establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). La misma está registrada desde el 3 de abril del 2018, por lo que posee solo dos años y seis meses en el mercado ofreciendo dichos seguros.
RESPUESTA DE LA DNCP
Rosana Espínola, directora de gabinete de la DNCP respondió que el llamado de Prestación de Servicios de Medicina Prepaga funcionarios de la institución, es un llamado para la suscripción de un contrato abierto con un monto máximo de Gs. 4.680.000.000, a ser utilizado en el lapso de 18 meses.
Y que la modalidad de contrato abierto implica que se pague mensualmente el monto adjudicado (que en este caso es de Gs. 969.900 por funcionario), multiplicado por la cantidad de funcionarios de la DNCP, por lo que no se trata de un monto a ser utilizado en su totalidad, ni en una sola vez, sino un monto máximo al que se podría llegar.
“El servicio de Medicina Pre-paga es un beneficio concedido a los funcionarios públicos conforme a la legislación vigente y aplicado por varias entidades del Estado. En el ámbito privado el servicio de salud está cubierto con el pago al IPS, sin embargo en el sector público este pago se contempla, se autoriza y reglamenta anualmente en el presupuesto general de gastos de la nación de cada institución”, reza parte de la respuesta enviada por Espínola.
Así también respondieron que se debe tomar en cuenta que la situación de pandemia que atraviesa el país no implica que se deba dejar de cumplir con esta obligación; sino que con más razón las instituciones deben garantizar el acceso a la salud para sus colaboradores.
MÁS DEL PROVEEDOR
Durante el 2020, la firma solo ha ganado dos llamados públicos. La ya citada adjudicación de la DNCP y la segunda es un contrato con la Universidad Nacional de Canindeyú (Unican). Esta última por G. 1300 millones también para seguros médicos de los funcionarios de dicho centro educativo.
Mientras que durante el 2019, ganó un total de 8 contratos con el Estado. La principal fue también la adjudicación de seguros médicos para los funcionarios de la DNCP por valor a los G. 3120 millones en aquella oportunidad.
La firma empezó a prestar servicios para el Estado desde el 2014. Los contratos más importantes que posee son con la misma DNCP y con el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).
