Durante la mañana del miércoles, se produjo una división entre los impulsores. Esto fue anunciado por Celeste Amarilla, diputada nacional por el Partido Liberal (PLRA) en rueda de prensa.
“Yo creo que no hay votos. Hay muchas fugas. Tiene más problemas Añetete que nosotros. Hay como 4 a 5 procesados y eso le cuesta. Tienen miedo de represalias. Tienen miedo que se activen sus causas. Canje de votos por impunidad como siempre”, expresó.
La misma Amarilla expresó en horas de la mañana que el libelo se iba a presentar en horas de la tarde. Sin embargo, tal cosa no ocurrió.
Decidieron esperar a lo que se decida a la Convención Liberal a celebrarse este domingo 13 de marzo para de esta manera lograr la votación en bloque de los liberales en favor del juicio.
EXTORSIÓN
En horas de la mañana del miércoles, y cuando los legisladores aún tenían pensado presentar el libelo ese mismo día, Elida Favole, directora de Comunicación de la Fiscalía publicó una serie de comentarios en su red social twitter; (@efavole), que fueron tomadas como una medida extorsiva contra los legisladores.
En los posteos acusa al Gobierno de querer encubrir los vínculos de altos funcionarios con el crimen organizado y con casos de contrabando, solicitando un juicio político contra la Fiscal General del Estado.
“Un legislador muy interesado, estaría ofreciendo oro y moro por el juicio político, pues una persona cercana, en un proceso abierto puede cargar con 15 a 20 años de cárcel por narcotráfico. Este procesado estaría cargando con la responsabilidad de callar quien es el jefe”, reza una de las publicaciones.
Señala que un peso muy pesado del narcotráfico le consiguió una lista de votantes a favor de una legisladora quien sería una de las principales propulsoras del juicio político. Y quien en sus discursos siempre menciona la palabra “Narcoestado”.
Finalmente afirma que existe un audio que involucra a un ministro del cual “nunca se esperaría que hiciera algo deshonesto”. Sin embargo, no da nombres y tampoco detalla de qué tipo de delitos se trata.
Ante la viralización de los posteos, la misma Sandra Quiñónez, Fiscal General del Estado, publicó también en la misma red social que desautoriza dichas declaraciones y deslinda cualquier responsabilidad con respecto a lo mencionado por la misma.
“He dispuesto la instrucción de un sumario administrativo a los efectos de establecer las responsabilidades de dicha funcionaria de esta institución”, posteó.
