La Cámara de Diputados no analizó el proyecto de Ley que busca elevar las penas por los delitos de estafa y lesión de confianza de 10 a 15 años, pudiendo llegar hasta 22 años en caso de que existan más de dos delitos.
Justo en el momento en que debían analizar la mencionada iniciativa, los legisladores declararon cuarto intermedio a la sesión extraordinaria para que inicie la interpelación del titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Luis Villordo, quien tuvo que explicar respecto a las denuncias de sobrefacturaciones en las facturas.
No obstante, los proyectistas solicitaron que el proyecto que busca elevar las penas por los delitos de estafa y lesión de confianza sea incluido en el primer punto del orden del día de la próxima sesión de la Cámara Baja.
La iniciativa fue presentada por la diputada Rocio Vallejo (PPQ) junto con otros de sus colegas. En la exposición de motivos expresa que tiene como finalidad elevar los marcos penales de los hechos punibles de Estafa y Lesión de Confianza en los casos especialmente graves y establece parámetros para que el juzgador conozca en qué casos puede aplicar el agravante.
Específicamente la normativa pretende establecer que el hecho punible de estafa sea castigado con 1 año a 15 años de pena, actualmente penado de 6 meses a 8 años. En tanto, la lesión de confianza, también con 1 año a 15 años. Actualmente el castigado por este delito puede pasar de 6 meses a 10 años en prisión.
Cabe recordar que el proyecto de Ley había sido presentado por diputados de varias bancadas luego de los supuestos hechos de corrupción que salpicaron a varios titulares de entes como Petropar y Dinac, quienes luego de darse a conocer las irregularidades presentaron sus renuncias.
De acuerdo a los fundamentos del proyecto de Ley que modifica los artículos de la Ley Nº 1160/97 Código Penal, modificado por la Ley Nº 3440/08; es urgente que se realicen los cambios ya que actualmente los actos de corrupción no pueden ser tolerados, ya que es la vida, la salud, la alimentación la que está en juego, y que todo aquel que pretenda abusar de los bienes públicos de ahora en adelante sepa, que no podrá extinguir tan fácilmente las causas penales, y que la máxima en caso de lesión de confianza o estafa puede llegar a 15 años de pena privativa de libertad.
