El pasado jueves 18 de marzo, la Cámara de Senadores aprobó una ley que establece sanciones al sector transportista que incurre a reguladas.
Las sanciones establecidas por la Cámara Alta consistían en cancelar las licencias de las empresas que no regularicen la salida de sus flotas. También contemplaba que sus propietarios sean procesados por coacción y perturbación de servicios públicos. Y como si esto fuera poco, también se les prohíbe participar por 10 años de la licitación de itinerarios.
En la actualidad, las únicas sanciones establecidas son de G. 4 millones para cada empresa que realice reguladas.
DIPUTADOS
En la sesión de ayer, la Cámara de Diputados aprobó con 35 votos un proyecto de ley que contiene modificaciones a la aprobada por el Senado.
El documento elaborado por la Cámara Baja divide las sanciones. Es decir, califica a las infracciones entre leves, graves y gravísimas. Con esta tipología se establecen las sanciones.
Las faltas leves son el exceso de velocidad, el maltrato al pasajero, la falta de limpieza de las unidades, utilizar teléfonos celulares durante la conducción y circular en buses en mal estado.
El castigo para estas infracciones es de uno a cinco salarios mínimos (G. 2,2 millones a G. 11 millones).
Las faltas graves son alzar pasajeros en lugares que no son paradas, no respetar la tarifa establecida, circular fuera del itinerario y circular sin seguros de pasajeros y contra terceros. El castigo para esto será de seis a diez salarios mínimos (G 13,2 millones a G. 22 millones).
Mientras que las faltas gravísimas son la realización de reguladas, no alzar pasajeros con discapacidad, circular con unidades no habilitadas y circular sin inspección técnica vehicular.
El castigo para estas infracciones será entre 11 a 20 salarios mínimos (G. 24,2 millones a 44 millones) o la pérdida de la licencia por 10 años.
Con esto, las penas legales establecidas para los transportistas queda eliminada.
POSTURAS
Antonio Buzarquis, diputado por el PLRA, lamentó que sus colegas por una sola vez en la vida no puedan jugar por la gente que se necesita.
“Muchos dicen que son representantes de la ciudadanía. Pero demuestran más interés en proteger el negocio de los empresarios”, expresó.
Lamentó que jóvenes que reclaman la corrupción vayan a la cárcel. Pero los transportistas cuando incumplen las leyes sanitarias no sufren ningún castigo.
“Chantajean a los gobiernos que quieren someterse. Se aprovechan de la necesidad de la gente sencilla. Y ahora quiero decirle a los colegas que nos juguemos a favor del trabajador”, expresó.
Celeste Amarilla, diputada nacional también por el PLRA, pidió no llamar trabajadores al empresariado del sector, sino “estafadores”.
“Ya perdieron la oportunidad para recibir sólo castigos leves. Es tarde señores del transporte. Ya pillamos lo que hacen. Negocian con el partido de gobierno para darles transporte gratis para tener leyes a favor”, expresó.
ANR
Basilio “Bachi” Núñez, diputado colorado, lamentó que todos culpen al sector transportista. Señaló que los políticos son los culpables de tener este sistema de transporte público.
“Es fácil culpar a los empresarios. Hay que investigar un poco. Culpan al partido colorado, pero desde el 2001 el partido liberal y otros de la oposición manejaban la Setama (Secretaría de Transporte del Área Metropolitana). Los subsidios comenzaron con Fernando Lugo”, expresó.
