La Contraloría anunció el lunes que la Itaipú está pagando una deuda ilegal de US$ 3.856 millones. Esto afecta directamente a los usuarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) quienes deben absorber los sobrecostos ocasionados para pagar parte de la deuda.
Desde el departamento prensa del Ministerio Público, Élida Favole, directora de comunicaciones, informó que Contraloría aún no remitió las documentaciones necesarias para iniciar las investigaciones sobre la grave denuncia.
Por su parte, en Contraloría, también desde el departamento de comunicaciones, informaron que el departamento jurídico sigue realizando algunos análisis sobre las documentaciones. Y que cuando terminen, acercarán todos los insumos al Ministerio Público.
Al consultar sobre en qué fecha estiman que terminará este análisis, respondieron que tampoco podían precisarnos.
Intentamos hablar con Darío Ortega, director del departamento jurídico de la Contraloría, sobre los motivos por los cuáles se está ralentizando tanto el proceso. Sin embargo, no respondió a nuestras preguntas.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Mientras la Fiscalía espera por documentos que Contraloría no sabe cuándo remitirá, Kattya González y Édgar Acosta, diputados del PEN y del PLRA, respectivamente, presentarán el día de hoy un proyecto de resolución para solicitar al Ministerio Público la apertura de una investigación penal.
Esto, con el fin de individualizar a los responsables del acto de traición a la patria que denunciaron autoridades de Contraloría.
“Solicitamos que la auditoría especial de la deuda de Itaipú elaborado por Contraloría sea remitida como denuncia de esta Cámara a la Fiscalía General del Estado, que debe ordenar la inmediata apertura de una investigación penal para responsabilizar a los responsables y enviarlos a la cárcel por alta traición a la patria”, reza parte del escrito.
CONTEXTO
La Contraloría General de la República, a través de Camilo Benítez, contralor general, Augusto Paiva, subcontralor e Irene Cuevas, supervisora, anunciaron la existencia de una deuda ilegal que tiene Paraguay en Itaipú de US$ US$ 3.856 millones por la aplicación de tarifa más baja de lo establecido en el acuerdo entre los años 1985 a 1997.
De esta suma, unos US$ 3.629 millones corresponden a la deuda con Eletrobras, incluida la sesión al tesoro nacional brasilero , lo que equivale al 94% de la deuda. Además que este perjuicio se realizó con la complicidad de las autoridades del Paraguay.
La deuda tuvo su origen en el año 1984. En aquel entonces una crisis económica en el Brasil motivó a la Eletrobras –equivalente a la ANDE del Brasil- pedir a la Itaipú bajar de US$ 17,10 a US$ 10 el costo del kilovatio por hora (kW/h). Esto en violación del artículo IV.1 del ítem III del Anexo “C”. A pesar de la irregularidad, consejeros paraguayos aprobaron el pedido.
La nueva tarifa siguió vigente hasta el año 1997. En esos 12 años (de 1985 a 1997, a excepción de 1991), la deuda de Itaipú con sus acreedores se disparó US$ 16.225 millones debido a que cobraba menos del costo establecido y ello le imposibilitada cumplir sus deudas.
De 1998 al 2020 la entidad binacional aumentó su tarifa por encima de los US$ 17.10 a US$ 22,60 por kilovatio por hora (kW/h) a fin de mitigar la deuda generada por la deuda ilegal. A causa de este sobrecosto de la tarifa, la ANDE terminó pagando US$ 944 millones de más debido al sobrecosto entre 1998 al 2020. Monto que fue absorbido por sus usuarios.
