La destitución de Pastor Soria del Senave, tras ser imputado por presunto cobro ilegal de aranceles, generó reacciones en el sector frutihortícola, que denunció una red sistemática de corrupción. Karen Leguizamón, vocera del gremio de importadores, aseguró que Soria y su entorno crearon una estructura de extorsión sin precedentes.
“Pensé que todo iba a quedar en el ‘opareí’”, expresó a la radio Monumental, criticando la inacción institucional pese a las denuncias presentadas durante un año. Aseguró que el esquema incluyó a familiares del exdirector, como su sobrino Miguel Báez, quienes exigían pagos arbitrarios a cambio de certificados obligatorios.
“Nos cobraban por zapallo, por sandía, por lechuga. Pagabas y seguías en lista de espera. Era brutal”, relató. Añadió que entregaron pruebas al Ministerio de Agricultura, pero solo removieron a un funcionario menor, manteniendo al sobrino en su cargo.
Leguizamón denunció también la falta de respuesta del Ejecutivo y acusó al Gobierno de ignorar los reclamos hasta que la presión fue insostenible. “Ahora hablan de transparencia, pero el silencio político nos obligó a manifestarnos para seguir trabajando legalmente”.
Afirmó que la corrupción en Senave no empezó con esta administración, pero que esta vez “fue descarado”. Bajo Soria, los pagos ilegales aumentaron y se volvieron extorsivos.
Periodista Senior