Denuncias falsas / Félix Giménez

Admitamos que hablar de un tema así siempre incomoda. No porque existan, sino
porque su sola mención parece desafiar un tema que exige unanimidad moral. Pero
sabemos que una sociedad democrática no puede basarse en silencios selectivos o en
verdades a medias. Las denuncias falsas no niegan los delitos reales, pero nos hacen
cuestionar el uso del sistema de justicia como arma simbólica, política o personal.

La mayoría de las denuncias falsas no son errores, son acusaciones conscientes de
hechos que no ocurrieron. Y cuando suceden, el daño es múltiple. El acusado puede
ver su reputación destruida antes de cualquier sentencia, puede sufrir consecuencias
laborales, familiares y psicológicas que podrían ser difíciles de revertir. Hay que decir
que esto también debilita la credibilidad de quienes sí necesitan protección y justicia.

El problema solo escala cuando el clima social premia la acusación automática y
castiga la duda. La presunción de inocencia en muchos países de occidente (muchos
de ellos que dicen ser democracias plenas) ahora ya ni es tomada en cuenta pues
muchos la ven como un obstáculo moral.

Reconocer la existencia de denuncias falsas no es igual a negar la violencia ni
desalentar a quienes si sufren daños reales. Significa exigir rigor, responsabilidad y por
sobre todo, pruebas genuinas. Porque un sistema que cree todo sin verificar termina
siendo injusto, incluso cuando pretende ser justo.

Acá en occidente las leyes no puede basarse en dogmas, consignas o emociones
colectivas. La fuerza debe ser siempre la verdad, aunque sea incómoda. Ignorar las
denuncias falsas no protegen a nadie, únicamente destruyen la confianza en la ley,
volviéndola un instrumento de miedo. Pues la justicia sin comprensión no es más que
un castigo ciego.