Una denuncia penal revela una presunta trama de corrupción dentro del Centro de Despachantes de Aduanas del Paraguay (CDAP), con desvío millonario de fondos, falta de control institucional y complicidad política y judicial. El caso está impulsado por Vidal Garay, con testimonios clave como el del socio Julio Rojas, quien acusa a la cúpula directiva de operar como una “mafia institucionalizada”.
Rojas afirma que el CDAP se convirtió en una estructura con fines de lucro, manejando dinero al margen de la ley. Entre las irregularidades se menciona la renuncia de un síndico tras detectar la pérdida de G. 31 millones, y un informe de Contraloría que observa desvíos por G. 64.000 millones. “Esto es la pregunta del millón: ¿cómo, con todas las pruebas presentadas —incluidos los informes del síndico, de Contraloría y hasta la donación irregular a la CENAP para el tema Gadafi— no hay aún una respuesta clara de la justicia?”, cuestionó Rojas.
El denunciante asegura que las decisiones sobre fondos del CDAP fueron tomadas sin el aval de la asamblea general, como exige el reglamento. “Todo desprendimiento de dinero tenía que ser aprobado en asamblea. Pero esto fue aprobado entre ellos nomás”, sostuvo. Además, criticó duramente al exdirector de Aduanas, Julio Fernández, por haber trasladado la responsabilidad del faltante detectado por Contraloría al propio CDAP, bajo el argumento de que ellos administran el sistema SOFIA. “La Contraloría no puede auditar una empresa privada, así que todo quedó trancado ahí”, explicó.
Otro elemento que agrava el caso es la sospechosa falta de controles reales y la presunta protección política a los directivos involucrados. Rojas denuncia que “hace más de 12 años que están manejando todo, formando una bola de nieve que cada vez se agranda más, enriqueciendo a una casta muy pequeña de directivos encabezados por Alfredo Estigarribia y sus secuaces. Compran todo: jueces, fiscales, elecciones. Y así se perpetúan”.
Incluso relató que los fondos malhabidos se estarían utilizando para costear lujos personales: “Se pasean por el mundo con sus familias, amantes, esposas, mientras el sistema sigue pudriéndose. La impunidad es total”, afirmó.
Actualmente, la causa penal está en trámite ante el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia Benítez. La abogada querellante, Zully Pirelli, solicitó el secuestro urgente de documentos bancarios y la detención de los directivos denunciados. Ante la falta de avances, los querellantes anunciaron que acudirán al Tribunal de Apelación.
En una carta personal dirigida a la fiscala Diana Laterza, responsable de la causa N.º 2462/2024, Rojas apeló a sus raíces compartidas en el barrio Chacarita para exigir justicia: “Solo pedimos honestidad”, escribió, y pidió que se actúe con firmeza antes de que la impunidad termine por devorar una institución clave del Estado.
Periodista Senior