Una serie de documentos judiciales y testimonios revelan una densa trama de irregularidades dentro del Centro de Despachantes de Aduanas del Paraguay (CDAP), una institución clave en el comercio exterior del país.
La denuncia, es impulsada Vidal Garay. Conversamos con uno de los principales testigos el socio aduanero Julio Rojas y respaldada por múltiples presentaciones ante el Ministerio Público, apunta directamente a la gestión del CDAP, al que acusa de malversar cifras millonarias sin control institucional y con presunta complicidad de sectores políticos y judiciales.
Rojas, quien es socio del Centro, relata la existencia de una estructura de corrupción interna que manejaría importantes sumas de dinero fuera de los mecanismos legales y con un manto de protección a nivel estatal. Según su testimonio, el CDAP se habría transformado en una organización con fines de lucro, operando al margen de los principios de transparencia y legalidad que rigen las instituciones públicas.
La denuncia describe una presunta mafia institucionalizada, donde los fondos recaudados por el Centro estarían siendo utilizados para financiar intereses privados. La causa se complejiza aún más ante las demoras judiciales, la falta de avances en la investigación y los intentos sistemáticos de ocultar pruebas.
Uno de los elementos que agrava el caso es la renuncia de un síndico del CDAP tras detectar una pérdida directa de 31 millones de guaraníes. A ello se suman los 64 mil millones observados por la Contraloría, lo que eleva el presunto perjuicio económico a más de 200 mil millones de guaraníes.
Además, se encuentran declaraciones en sede fiscal sobre un incendio ocurrido en el edificio donde funcionaban áreas administrativas del CDAP, lo que despertó sospechas sobre una posible destrucción intencional de evidencias clave. La abogada Zully Pirelli, representante de la querella, solicitó el urgente secuestro de documentos bancarios, balances y facturas, e incluso la detención de los directivos denunciados.
“El centro se ha vuelto una fortaleza blindada, donde el poder económico compra abogados, fiscales y voluntades. Estamos luchando hace más de 12 años contra este modelo. Es un sistema que ha sido apropiado por intereses particulares y que hoy sigue generando fortunas sin transparencia alguna”, sostuvo Rojas.
Actualmente, la causa penal se encuentra en trámite ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juez Rodrigo Estigarribia Benítez. Los querellantes ya anunciaron que, de persistir la inacción, acudirán al Tribunal de Apelación para forzar una investigación exhaustiva.
La denuncia remueve las capas de opacidad que envuelven una de las instituciones más estratégicas del Estado. Mientras los procesos de control siguen estancados, los fondos públicos continúan evaporándose en un sistema donde, como dijo Rojas, “el poder corrompe, y el dinero compra el silencio”.
En una carta personal dirigida a la fiscala Diana Laterza, responsable de la causa penal N.º 2462/2024, el denunciante Julio Rojas expresó su profunda preocupación por la lentitud del proceso judicial y la falta de avances concretos. En el escrito, Rojas recurre a sus raíces compartidas con la fiscala —ambos oriundos del barrio Chacarita— para apelar a su sentido de justicia y compromiso ético. Señala directamente al vicepresidente del CDAP, Alfredo Estigarribia, a quien califica como la “cabeza pensante” de una “asociación criminal” y lo acusa de ser un “ladrón confeso”, haciendo alusión a antecedentes documentados que —según él— fueron ignorados. Además, denuncia que los implicados no se han presentado a declarar en más de un año y siete meses de proceso, pese a las reiteradas solicitudes. “Solo pedimos honestidad”, escribe Rojas, reclamando que la fiscalía actúe con firmeza, imponga medidas restrictivas contra los directivos señalados y salve el nombre de su querida Chacarita, hoy golpeada por el crimen y el narcotráfico.
