Gilda de Fátima Burgstaller, reconocida abogada, bajo el patrocinio de su hijo abogado Eduardo José Burgstaller presentó una denuncia por los siguientes hechos punibles; crímenes contra la vida y el patrimonio del que resultaren victimas varios ciudadanos y el propio Estado Paraguayo.
Esto en el marco de la pandemia que llegó al país en marzo del 2020 y continúa hasta la actualidad.
En otras palabras, dichos abogados piden al Ministerio Público establecer quienes son los responsables como autores, cómplices o encubridores de la falta de insumos médicos, vacunas y el aumento del desempleo.
El cuestionamiento es que el sector privado tuvo que acatar restricciones estrictas para dar tiempo a Salud. Sin embargo, todo lo sacrificado fue en vano ya que los insumos siguen faltando, incluyendo a las vacunas.
El anuncio ya lo realizó a medios hace un par de semanas. Pero lo materializó el pasado viernes 28. El documento fue enviado a Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado. Gilda Burgstaller espera que hoy martes sea designado un agente fiscal que lleve el caso.
Si la denuncia de no registrar avances, la misma no descarta llevar la denuncia a estratos internacionales.
“La denuncia está redireccionada a los gobernantes de turno desde marzo del 2020 hasta la fecha. Por homicidio culposo que puede registrar el agravante de un dolo eventual. Y también por lesión de confianza y hechos punibles contra la vida”, explicó.
Los hechos punibles contra la vida se refiere a los casi 9000 muertos debido a la falta de insumos, camas y vacunas. La lesión de confianza por los bienes del Estado que fueron utilizados a partir del préstamo de US$ 1600 millones. Y el pago al Mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, donde la opinión pública no puede acceder a los documentos referentes al contrato.
RESPONSABLES
Mario Abdo Benítez, presidente de la República, Julio Mazzoleni, exministro de Salud, Julio Borba, actual ministro de Salud, Benigno López, exministro de Hacienda y Óscar Llamosas, actual titular del Fisco son algunos de los que prestarán declaraciones.
También serán llamados, los exministros de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas, Federico González como el actual titular de la cartera Euclides Acevedo. Teresa Martínez, ministra de la niñez y la adolescencia, Cecilia Pérez, ministra de Justicia, Carga Bacigalupo, ministra de trabajo, Carlos Morínigo, neumólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram), Tomás Mateo Balmelli, infectólogo, Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud y Julio Rolón, exviceministro de Salud.
Además de los empresarios Fabio Fustagno, titular de Nuestra Señora de la Asunción (NSA) y Víctor Muñoz, titular de la Cámara de Farmacias del Paraguay (Cafap) por parte del sector privado.
“Resulta que la Fiscalía es la dueña de la acción en casos de hechos punibles de acción penal público. Ante estas denuncias tienen la obligación de investigar. Solicitar todos los contratos y precontratos que firmó el Gobierno referente al tema Covid-19”, explicó.
Burgstaller resaltó que Salud no quiere revelar estos documentos basados en un pacto de confidencialidad. Sin embargo, si la Fiscalía pide un anticipo jurisdiccional de prueba para la verificación del contrato, la cartera sanitaria no podrá negarse a darle a la Justicia el contrato.
“Nunca se han demostrado facturas, pruebas sobre la cantidad de dinero ya invertido a Covax. Y también Hacienda tiene que remitir todos los documentos relacionados a los gastos realizados”, expresó.
Los que sean encontrados responsables se exponen a una pena privativa de libertad de hasta cinco años y una multa que deberá pagar con sus bienes personales.
