Mario Abdo Benítez, presidente de la República, volvió a afirmar que transferir recursos de las binacionales al Presupuesto General de la Nación será inconstitucional.
Esto luego de una conferencia de prensa que brindó, en la mañana del lunes, por motivo de la inauguración de un puesto de salud en la ciudad de Luque.
En otras palabras expresó que los tratados internacionales están por sobre la Constitución Nacional. Y que ya la Corte Suprema de Justicia de nuestro país como el Tribunal Superior del Brasil emitieron un dictamen en contra de esta incorporación.
“Hay cuestionamientos pero todos son políticos. Yo no soy abogado, pero por la prelación de la pirámide de Kelsen, primero están los tratados y estos no pueden ser modificados por una ley”, sostuvo.
EL DECRETO
El pasado viernes 20, el Ejecutivo promulgó el decreto 4.362 donde expuso los argumentos jurídicos por los cuales se rechaza el proyecto. Estas razones fueron refutadas por Ezequiel Santagada, abogado y director de la organización por la transparencia IDEA.
El letrado, cuestionó el argumento expuesto por el Ejecutivo en el documento en cuestión.
Por citarla, el decreto reza lo siguiente: “Que de los citados Tratados constitutivos se desprende que la Entidad Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá, por tratarse de condominios indivisibles, cuentan con un patrimonio propio, jurídicamente separado del que pertenece a los socios que la componen. Que en atención a esta naturaleza y estructura jurídica, los presupuestos de estas entidades binacionales son únicos e indivisibles, por lo que no pueden separarse y pasar a firmar parte de los presupuestos nacionales de cada Estado Parte, siguiendo el incontestable principio de separación patrimonial entre personas jurídicas y sus miembros o instituyentes”.
Ante este punto, el abogado responde que es completamente cierto. Sin embargo, el proyecto de ley vetado no pretendía determinar el monto del presupuesto aprobado por la Itaipú para gastos socioambientales, ni dividirlo o separarlo. Esto quedaba en manos de la Itaipú.
“Ahora bien, una vez aprobado ese presupuesto, el proyecto de ley vetado pretendía que ese monto se incorporara al PGN, ya que se trata de dinero que iba a ser gastado en territorio paraguayo y administrado por funcionarios paraguayos de la binacional. Obviamente, en Paraguay, ese dinero se gasta conforme lo establece la legislación paraguaya”, explicó.
Acto seguido, Santagada señaló que en tal sentido, rige el artículo 19 del Tratado, que establece que “la jurisdicción competente para la ITAIPÚ, con relación a las personas físicas o jurídicas domiciliadas o con sede en el Paraguay o en el Brasil, será, respectivamente, la de Asunción y la de Brasilia. A tal efecto, cada Alta Parte Contratante aplicará su propia legislación, teniendo en cuenta las disposiciones de este Tratado y sus anexos”.
Santagada cuestionó finalmente que el Ejecutivo se quedó con un artículo del Tratado sin interpretar a éste como un todo. Y que en ese sentido tiene la clara intencionalidad de mantener un status quo poco transparente, sobre todo, anticipando un año electoral, con las municipales en puerta.
CANESE
Mercedes Canese, exviceministra de minas y energía, también cuestionó la determinación del Ejecutivo. La exsecretaria de Estado rememoró que el Gobierno al cual formó parte entre el 2008 y el 2012 ya había incorporado esos recursos al PGN.
“La cuestión es que el año que viene hay elecciones municipales. Por eso se muestran contrarios a poder transparentar el destino de esos recursos”, cuestionó.
OBJETIVOS DE ESOS RECURSOS
Como su nombre lo dice, los fondos se denominan “sociales”. En concreto, esos US$ 100 millones en promedio que las dos binacionales (Itaipú y Yacyretá) tienen cada año de superávit, deben destinarse a inversiones sociales.
Canese detalló que en concreto deben destinarse a proteger las reservas de la binacional. Espacio donde existen un centenar de puertos clandestinos utilizados para el contrabando de todo tipo.
“Así también, esos recursos debían ser destinados para compensar el daño que sufren las comunidades indígenas por la represa”, lamentó.
Estos recursos se usan principalmente para obras públicas como viaductos o mantenimiento de rutas en varios puntos del país en la actualidad.
