Carolina Ravera Castro
Oficial de Abogacía y Comunicación del UNFPA
Isabel tenía 13 años. El hombre que vivía con ella tenía 40. En medio de la cesárea se detuvo su corazón. Nadie presentó una denuncia.
Niña hermosa, todos te adoraban. Hasta aquel hombre de 40 se fijó en vos cuando solo tenías 12 años. Tus padres nada dijeron, a ellos les caía bien que tu pareja les mantuviera ¿Lo consintieron por conveniencia o por ignorancia? ¿O solo pensaron que de esa manera tendrías un futuro mejor? Tuviste un embarazo que llegó hasta el parto. En medio de la cesárea se detuvo tu corazón. Tampoco tu bebé sobrevivió. Nadie preguntó en el servicio de salud sobre quién te dejó embarazada; tampoco nadie presentó una denuncia por tu caso.
*****
Esta historia es real. Sucedió aquí, en Paraguay. Es una de las muchas en la que determinantes sociales como pobreza, naturalización de las uniones tempranas y forzadas, violencia sexual y abuso a niñas y adolescentes coexisten y en muchos casos dan como resultado embarazos no intencionales.
La unión a edades tempranas es más habitual entre las niñas y adolescentes. Así, 8 de cada 10 personas de 13 a 17 años de edad unidas o casadas son mujeres, aproximadamente 11.000 niñas y adolescentes. Y una constante, casi sin excepciones, es que las niñas y adolescentes en unión están fuera del sistema educativo formal. Encerradas en sus casas sobreviven con escasos recursos, sometidas a las expectativas de sus parejas y de la sociedad que en su silencio cómplice les impone el rol de “señoras”.
Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en Paraguay el abordaje del abuso y de la violencia sexual es uno de los temas prioritarios de su cooperación al país.
Y esto responde a que según el Ministerio Público (datos del 2020) se registran 8 víctimas a diario. Vinculada al abuso sexual se encuentra la problemática del embarazo no intencional en niñas y adolescentes. El Ministerio de Salud da cuenta de que cada año en Paraguay una media de 2 niñas de entre 10 a 14 años dan a luz cada día.
“A estas cifras de la desigualdad y el dolor, se suma que una de cada 10 muertes maternas en Paraguay corresponde a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Y en cuanto a la tasa de fecundidad, en el grupo de 15 a 19 años, se registran 63 nacimientos por cada 1.000 adolescentes. Estos números posicionan a Paraguay como el país del Cono Sur con la más alta tasa de fecundidad adolescente”, explicó Rocío Galiano Marés, Representante Nacional del UNFPA, remarcando que uno de los tres objetivos transformadores de esta agencia es apoyar a los países para llegar a cero abusos y violencia sexual. Para ello se trabaja fuertemente en desnaturalizar la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres, en impulsar políticas públicas que aborden esta problemática desde la prevención y la atención, y en estrategias de comunicación para posicionarla en la agenda mediática y digital, a fin de crear conciencia ciudadana, y promover alianzas intersectoriales para una mejor respuesta.
Las evidencias a nivel mundial nos muestran que se requiere trabajar en dos ámbitos,la prevención del abuso y de la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres, por un lado, y la atención de las sobrevivientes para restituirles sus derechos, por el otro. Es por ello que las acciones que se tomen requieren un abordaje intersectorial articulado.
En el ámbito de la prevención se debe promover el desarrollo de habilidades de niñas, niños y adolescentes para la construcción de relaciones igualitarias y libres de violencia, el fortalecimiento de las familias para la prevención de toda forma de violencia, la promoción de la autoestima y del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, sobre todo considerando que el 85% de los abusos sexuales son cometidos por familiares o personas cercanas de las niñas, niños y adolescentes.
Como una de las acciones protección, el UNFPA viene apoyando el desarrollo y la implementación de la ruta de atención interinstitucional a víctimas y sobrevivientes de abuso sexual, recientemente aprobada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, liderado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, así como el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la respuesta a las víctimas de violencia.
En cuanto a la atención a las sobrevivientes, el Fondo de Población trabaja de manera coordinada con las instancias encargadas de dar respuesta, colaborando al fortalecimiento de sus capacidades.
Un problema socioeconómico
Las estadísticas de fecundidad en América Latina hablan de una realidad muy desfavorable: cada año hay una proporción mayor de embarazos en menores de 19 años y, por ende, una alta tasa de adolescentes con hijos.
La generación de evidencias sobre el impacto social y económico del abuso sexual en niñas y adolescentes, así como de sus consecuencias, es otro de los caminos necesarios de transitar para que se comprenda esta realidad.
El último estudio del UNFPA en Paraguay demuestra que el impacto económico de los embarazos no intencionales en adolescentes se traduce en un costo de 768 mil millones de guaraníes al año. Con estos recursos podrían construirse y equiparse 14 establecimientos de salud como el hospital materno infantil San Pablo o construir 239 kilómetros de rutas asfaltadas. Claras evidencias de que este problema no es solo social, sino también económico y que, finalmente, se traduce en un costo elevado para el desarrollo del país.
“Para nosotros esta herramienta que mide los costos del embarazo adolescente es muy importante para continuar posicionando la problemática como un desafío que trasciende las fronteras de un ministerio, y que tiene que ver con el desarrollo para el país, porque es una problemática en la cual confluyen desigualdades de género, socioeconómicas, en el acceso a la salud, en el acceso a protección. Y por lo tanto actúa como un indicador de desarrollo del país muy relevante. Entonces es un problema político, es un problema social, un problema económico, además de un problema ético y un desafío de derechos humanos”, sostuvo Galiano en referencia a cómo diversas variables se cruzan ante el abordaje de una problemática de esta naturaleza y cómo todas ellas van vinculadas directamente con el grado de desarrollo de un país.
¿Y ahora qué?
El gran desafío en el abordaje de una problemática social de esta naturaleza -en la que se cruzan numerosas variables que hacen a niñas, niños y adolescentes más vulnerables- es que requiere del involucramiento de todos los sectores responsables de la respuesta de manera coordinada.
“Dejar de ver la problemática del abuso sexual y del embarazo adolescente desde una sola perspectiva, o desde la respuesta de una sola instancia gubernamental, es el paso crucial. Se están dando avances al respecto. De hecho, existe una iniciativa que reúne a cuatro ministerios trabajando juntos en el distrito de Caaguazú como un programa piloto del cual se han obtenido aprendizajes claros de cómo trabajar de manera conjunta”, recalcó Galiano en referencia a un proyecto que se realiza con el apoyo del Gobierno de la India.
Sumar esfuerzos, insistir en la desnaturalización de la violencia, trabajar en el cambio de normas sociales que la refuerzan, en la prevención del abuso sexual y del embarazo adolescente no intencional, y en la respuesta a las personas sobrevivientes son caminos que debemos transitar hasta lograr que cada niña, cada niño y cada adolescente pueda vivir una vida libre de violencia.
