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EL CANDIDATO
jueves, mayo 6, 2021
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Asunción

Crónica de un fiasco
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En octubre pasado, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 2.725 por el cual se reglamentaban las condiciones generales para la producción del cáñamo industrial o cannabis no psicoactivo. Fue la línea de largada para una carrera de velocidad que se esperaba alcanzara su plenitud para mediados de 2020. Se pretendía que unas 25.000 fincas rurales estuvieran incorporadas al plan bajo la figura de la agricultura familiar campesina con un promedio de dos hectáreas por unidad.

El baile de cifras no tardó en aparecer. Según el ministro de Agricultura y Ganadería, el cultivo emplearía a unas 140.000 personas y cada familia incorporada al programa podría completar dos cosechas al año, con una renta neta de 10 millones por temporada, es decir, un ingreso familiar de 20 millones anuales.

El ministro sobrevoló vertiginosamente etapas que en otros cultivos llevaron años de desarrollo. Primero, que el Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA) realice los experimentos de campo necesarios para determinar la variedad de semilla más apropiada. Segundo, que el SENAVE valide cada evento antes de certificar su uso. Tercero, que se vaya adelante con parcelas demostrativas que comprueben la calidad y productividad de las cepas empleadas, identificando las zonas y las tierras más apropiadas y testeando el cultivo en diversas condiciones de temperatura, humedad del suelo, plagas, etc.

Todo este proceso se lo quiso comprimir en seis meses y eso, en términos agronómicos, solo puede llevar al fracaso o, por lo menos, a resultados no sostenibles en el tiempo. De hecho, el programa del cáñamo industrial está trancado hoy en un embudo clásico: la provisión de semillas. Con un agravante. Mientras por un lado se autorizó la importación de semillas y su cultivo en una parcela experimental sin que el material genético pasara por un proceso de análisis y validación, otros actores de la cadena se encuentran enredados en los procesos previos, por ejemplo, certificar el contenido de THC (sustancia psicoactiva del cannabis) que en el cáñamo industrial, según regulaciones internacionales, no puede ser mayor al 0,3%.

Estamos en el segundo semestre del 2020. Según el MAG, a esta altura ya tendrían que estar sembradas 25.000 hectáreas de cáñamo industrial. Y aún ni se empezó. Si este no es un monumento a la improvisación, le pega en el palo.

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