Pobladores de Puerto Casado alistan la creación de una una nueva comisión para frenar la resolución N° 1634/2020 del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que declara colonia de hecho a unas 35.000 hectáreas de la ciudad, afectando a toda la población asentada en el casco urbano, incluso instituciones del Estado y a los beneficiarios de programas sociales. La nueva Comisión, según explicaron, busca defender a las fuerzas de la propiedad privada.
Aseguran que con la venia del Gobierno Nacional, la Comisión Pro Tierra sólo engaña a las autoridades y a la población, porque sostienen que la intención quitarles la potestad de explotar la propiedad, por un lado y despojarlos de las viviendas sociales por el otro, donde ya están instalados desde hace 50 años.
Por esto desconfían de la maratónica resolución expedida por el Indert, sin realizar un análisis exhaustivo de la situación. Los pobladores del lugar señalaron que los beneficiados con esta resolución serán los invasores de propiedad privada, ligados al actual líder de la Comisión Pro Tierra, el ex intendente imputado por malversación de fondos en su administración, Raúl “Ñeco” Lagraña. Además, cuestionan que la actual intendenta de la ciudad, Yudith Ferreira y el Gobernador de Alto Paraguay, José Adorno acompañen a los invasores en esta arremetida contra la población.
El concejal Virgilio Chamorro, de Puerto Casado, indicó que con esa resolución el Gobierno Nacional deja a todos los casadeños en manos de Lagraña, incluso la decisión de titulación de las propiedades del Estado en la zona. Aseguró que pedirá un informe a la intendencia municipal respecto a su participación en la nueva resolución del Indert y los alcances legales de la normativa. “Este es un momento de hacer frente a esta Comisión porque no es bueno lo que está pasando para la comunidad”, indicó el edil.
Además aseguró que se está gestando una organización ciudadana de modo a defender la propiedad privada de la comunidad. “Nosotros estamos dispuestos a enfrentar a los invasores en una guerra social, nadie le va a permitir que un sacrificio de 20 años, construyendo una casa para una familia y ellos con una resolución quieran quitarnos”, anunció Chamorro.
El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) mediante Resolución N° 1634/2020, firmada por su titular, Mario Vega, se dejó sin efecto una resolución anterior sobre unas 35.000 hectáreas, que daba cuenta de que no se reunían los requisitos para la declaración de Casado como una colonia de hecho. Dicho documento, de acuerdo a los pobladores, traía tranquilidad a la zona.
