Las leyes son normas jurídicas que establecen lo que está permitido o prohibido, y lo que debe ser cumplido por la sociedad de cada país, organización o empresa para lograr una armonía entre las personas que trabajan o viven en un lugar específico. Son diseñadas, creadas y aprobadas por la gerencia o poder legislativo de acuerdo a las demandas de la población y lo identificado cómo amenaza a la misma. La suspensión de la ley antisoborno de EE. UU. podría tener consecuencias en la lucha contra la corrupción en países latinoamericanos. Su eventual cancelación impactaría incluso la estabilidad internacional.
La Ley Estadounidense Anticorrupción es un documento ambicioso creado por el ex presidente de la Comisión Federal Electoral Trevor Potter, que establece un estándar para las leyes locales, estatales y federales que arreglan nuestras elecciones fallidas, detienen el soborno político y terminan con el dinero secreto. Muy utilizado en las elecciones para asegurar la victoria de quienes sirvan para la gestión y extensión del poder a favor de quien o quienes administran el dinero.
Donald Trump, suspendió por 180 días, para ser revisada y presuntamente modificada, una ley que prohíbe a empresas estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros para obtener acuerdos comerciales.
Una ley disuasoria
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA) fue promulgada en 1977 tras el escándalo del caso Watergate. EE. UU. la ha venido aplicando enérgicamente contra el cohecho por décadas. Para ir contra ese hábito que pueda echar a perder cualquier estado, organización o institución. Una costumbre que parece ser muy habitual en Aca Latina, región en la que existen muchos significativamente corruptos que tiempo atrás ya hemos tenido los que entran en dicha categoría o lista de personas que tienen sanciones claras impuestas por los EE.UU.
Por ejemplo Siemens y Odebrecht fueron al banquillo gracias a la ley antisobornos. El caso Odebrecht sacudió a América Latina. La constructora brasileña pagó sumas millonarias a 12 Gobiernos latinoamericanos para adjudicarse obras públicas, lo que involucró a políticos y empresarios, y desencadenó el Operativo policial «Lava Jato». Que terminó arrestando a varias personas corruptas que con su comportamiento y acciones destrozaron instituciones estatales brasileñas. «Tanto Siemens como Odebrecht tuvieron que someterse a las leyes estadounidenses» si deseaban continuar con sus tareas habituales.
Según Luciana Torchiaro que es Consejera Regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional; «el impacto que tendría la cancelación de esa ley es muy grande, porque cuando una empresa paga un soborno, es para obtener favores políticos, o una contratación, sin pasar, por ejemplo, por una licitación o un control ambiental . Esto puede tener un impacto enorme en los derechos humanos, como vimos en el caso Odebrecht. Al final del día, las obras de infraestructura que no se construyen, o que son de mala calidad, afectan a todos y tienen consecuencias medioambientales feroces».
En la región, «Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú muestran un cumplimiento bajo en lo que respecta a la investigación y el castigo del soborno. Y en el caso de México, el cumplimiento es muy escaso», detalla Torchiaro. Algo que podría provocar complicaciones en el barrio norteamericano por la lucha contra la corrupción que viene haciendo los EE.UU por leyes cómo la FCPA. Veremos la evolución de esta norma.

Licenciado en ciencias politicas (UNA), comunicador, productor y editor de contenido creativo para medios de comunicacion o intereses particulares
