Corrupción judicial desató el infierno de una familia

Mariano es el hijo del reconocido ginecólogo español Ángel Sopeña, precursor de la fecundación “in vitro” en España. Como parte de su historia familiar, el joven recuerda que su padre llegó por primera vez al Paraguay en 1987 y quedó fascinado. Desde entonces, su progenitor escogió a nuestro país como el lugar perfecto para retirarse y se abocó a conocer el territorio realizando numerosos viajes a la tierra guaraní.

“En un viaje que hizo en el año 1991 su vuelo de la LAP se retrasó y, con una amiga, decidió pasear por Luque en auto. En el recorrido, vio un cartel de ‘se vende’ en una de las propiedades. Luego de ese viaje, compró la propiedad al ingeniero Nicacio Romero, un agrónomo reconocido de la época”, mencionó.

La residencia perteneció a Bernardo de Velasco durante la época colonial y cambió de dueños en repetidas ocasiones. De hecho, uno de sus propietarios fue José Patricio Guggiari, el expresidente de la República entre 1928 y 1932. La guerra civil paraguaya lo obligó a exiliarse a Uruguay y vender la vivienda, que pasó por diferentes manos hasta llegar a la familia Sopeña, según Mariano.

“Mi papá compró la casa en 1991. En 1995, él conoció a mi mamá y, un año después, nací en esa casa. Mi papá era ginecólogo y trabajaba en el Hospital Regional de Luque en aquel momento. En varias oportunidades, por las condiciones que tenía el nosocomio en aquella época, mi papá decidió atender los partos en mi casa”, comentó.

La mansión tenía un toque especial: una inmensa riqueza natural, que contaba con decenas de especies arbóreas de antaño como, por ejemplo, los lapachos y los guatambú. En este sentido, el joven explicó que uno de los sueños de su difunto padre era convertir su hogar y otros terrenos que había adquirido en reservas forestales.

No obstante, todos los bellos recuerdos familiares se ensombrecieron cuando en 2019, año en que falleció Ángel Sopeña, empezaron a aparecer “pagarés falsos” contra la empresa de la familia, con la intención de apropiarse de su residencia.

“Los pagarés tenían el simple objetivo de llegar a una orden de remate y que un tercero pudiera quedarse con el pagaré a través de esa vía. Uno de los pagaré los presenta por US$ 860.000 Alberto Mnedoza Cuevas, que es el asesor jurídico de Petropar. Por otro lado, un segundo pagaré de G. 3.000 millones fue presentado por Denise Gimenéz, dirigente estudiantil de Derecho UNA. Querían quedarse con la propiedad de un señor español que estaba ya viejo, enfermo y pronto a morir”, relató.

Al no poder levantar el embargo, los Sopeña acudieron junto a la firma de abogados Bordón Serratti que, de acuerdo con Mario, ayudó a “superficialmente” en el conflicto, pues mientras los asistía para ganar los juicios pendientes por los pagarés falsificados, los letrados crearon una trama para venderle la propiedad al desarrollador inmobiliario BGS Development, que había recomendado inicialmente el bufet a las víctimas.

“La propiedad también con documentos falsos se transfirió vía Juzgado de Paz de la Catedral, con la venia de una juez que ya estaba muerta, a una funcionaria de la Suprema Justicia Electoral, que se llama Emma Nilza Turo Martínez, quien le transfirió después la propiedad a BGS Development, a través de un Fideicomiso del Banco Río a nombre de los accionistas de la desarrolladora inmobiliaria”, detalló.

En medio de las artimañas, en diciembre de 2021, un oficial de justicia se presentó en la residencia con una orden de desalojo, una directriz “ en frío”, lo que supone en términos judiciales que no existe un juicio que respalde la medida.

“Por una semana, perdimos la posesión de la propiedad y,en ese tiempo, saquearon nuestro hogar, cortaron los árboles más importantes y demolieron la casa. Se llevaron hasta el recubrimiento de la casa y las vigas de lapacho, que eran de más de 40 metros. El 7 de diciembre los fiscales demostraron que la orden era falsa y, con base en eso, nos devolvieron la posesión del inmueble”, afirmó.