La complicidad de los camaristas José W. Servín, Agustín Lovera y Cristóbal Sánchez permite a exjueza Tania Irún, imputada por prevaricato gozar de impunidad.
Los camaristas tuvieron el expediente del caso en sus manos por casi dos meses, esto para resolver un recurso dilatorio de Tania Irún, ahora lo enviaron a la Corte argumentando un supuesto conflicto de competencia, con el fin de ralentizar el proceso.
Uno de los camaristas, Cristóbal Sánchez, tiene una relación muy cercana con la familia de la imputada, pero nunca se inhibió de la causa. Esta situación desnuda un corporativismo y complicidad brutal de los jueces camaristas con su excolega Irún.
El caso de la exjueza Tania Irún es el claro reflejo de una justicia podrida. La misma fue imputada por entregar ilegalmente unas 310.000 hectáreas de tierras fronterizas valuadas en USD 500.000.000 a empresas extranjeras. Además se habla de negociados para blanquear a la exjueza que interrumpió su licencia por maternidad para firmar y entregar tierras. La misma estaba con permiso de maternidad desde el 24/09/18 al 15/03/19, sin embargo, el 20/11/18 solicitó que se deje sin efecto su permiso para firmar la resolución y entregar las tierras irregularmente.
Además se confirmó que Tania Irún accedió indebidamente al sistema informático del Poder Judicial durante su licencia por maternidad. La exjueza ingresó al sistema el 28/09/18 para elaborar una resolución, mientras gozaba de la licencia.
Irún fue separada de su cargo e imputada por prevaricato, ya que violó la ley 2532 de la franja de seguridad fronteriza entregando 310.000 hectáreas de tierras a empresas de maletín que ni siquiera están constituidas en el país.
El propio Ministerio de Defensa, por medio de la Comisión de la Zona de Seguridad Fronteriza , confirmó que las más de 22 fincas que la jueza Irún ordenó transferir a los extranjeros por medio de las empresas de maletín están dentro de la «ley de territorialidad».
El artículo 1 de la ley 2352 establece zona de seguridad fronteriza la franja de 50 kilómetros adyacente a la líneas de frontera terrestre y fluvial. Además el art 8 de la misma ley establece que los actos jurídicos que están en contra de lo dispuesto en la ley serán nulos.
Este hecho no solamente es reprochable por su ilegalidad, incluso supone un riesgo a nuestra propia soberanía nacional.
El caso Tania Irún es un ejemplo más de lo deteriorada de nuestra justicia, donde a pesar de que la ley prohíbe a extranjeros comprar tierras en la zona de seguridad fronteriza, la jueza autorizó la entrega sin identificar a los beneficiados y en complicidad con otras autoridades judiciales, que hoy permiten el caso siga completamente impune.
