@jpferbo
La Contraloría es la clara imagen que todavía vivimos en la edad media en Paraguay. Siguen protegiendo en ocultar y denegar información pública de los servidores publicos.
Uno de los debates más interesantes que se ha iniciado el año ante pasado es la modificación de la ley sobre declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios para que sean públicas.
Incluso lo sorprendente es que ha llegado en su momento a los estrados judiciales ya que a través de la ley de acceso a la información pública se demandó esos datos de carácter no reservado. Esta semana es clave para que el Paraguay demuestre si quiere dejar de ser pirata. Una declaración jurada es una manifestación escrita cuya veracidad es asegurada mediante un juramento ante una autoridad judicial o administrativa, en nuestro caso La Contraloría General de la Republica.
Las Declaraciones Juradas son datos de carácter patrimonial (art. 5, Ley 1682/01) que han sido obtenidas por una fuente pública de información y no contienen elementos sensibles, según los artículos 2 y 22 de la Ley 5282. La Constitución reconoce en su artículo 28 el derecho de toda persona a acceder a la información pública y las fuentes públicas de información son libres para todos. Como la Contraloría no ha entendido en su momento, ante una orden judicial de primera y segunda sala, que debía hacer públicas las declaraciones juradas, esperemos que la Corte se porte acorde y deje el precedente. El Poder Legislativo se acobardo. El nuevo presidente de la CSJ debe pasar su bautismo de fuego y demostrar la capacidad de hacerles entender a sus pares que ese es el camino correcto, la transparencia, los datos abiertos y la justicia social. Este gesto será de suma importancia para que, si alguna vez se creyó en esa institución y me refiero a la Corte. Hagan lo que deben hacer.
La Contraloría debe CONTROLAR a los que administran la cosa pública y denunciarlos para que vayan presos de ser necesario, terminando con el apañamiento y complicidad de miles de funcionarios desde el inicio de esa institución.
Los ministros de la transparencia deben decidir si seguimos siendo un país cómplice con el oscurantismo o empezamos a ver la luz para identificar quienes entrar a servir y no a servirse del estado. Al final de cuentas, veremos cuanto representan a los verdaderos intereses del pueblo.
