El contralor general de la República, Camilo Benítez, manifestó su desacuerdo con el criterio actual aplicado para la regulación de honorarios en instituciones públicas y planteó que el proceso debería contar con una intervención judicial obligatoria. “Yo no coincido con ese criterio”, afirmó.
En un contacto con la radio Monumental, el contralor general señaló que el monto que corresponde percibir en cada caso tendría que estar respaldado por una resolución emitida por un juez, a fin de evitar interpretaciones discrecionales en la distribución de recursos. “Sería interesante que un juez evalúe cuánto es el monto que uno debe cobrar en el marco del juicio que lleva. Debería ser un requisito tener una resolución judicial que disponga lo que corresponde cobrar”, sostuvo.
Benítez señaló que el esquema vigente abre interrogantes sobre la transparencia, especialmente en procesos donde participaron varios abogados. “La pregunta es si debería cobrar el abogado que intervino durante años en el juicio o el que intervino al final. También si cobraron todos los abogados que participaron”, expresó.
En ese sentido, indicó que no siempre queda claro quién debe percibir los honorarios ni si todos los involucrados recibieron efectivamente sus pagos, lo que obliga a la Contraloría a solicitar informes y comprobar transferencias. “Hoy nos obliga a pedir informes y verificar si los otros le facturaron ese dinero al director jurídico, porque él debía haber transferido desde su cuenta”, explicó.
Asimismo, remarcó que, de no existir un acuerdo previo sobre los montos, las deudas debieron consignarse en la declaración jurada, específicamente en el apartado correspondiente a pasivos. “Si no se acordó el monto, en su declaración jurada, en el casillero de pasivos, debía haber puesto ‘le debo a fulano, fulano, fulano este monto’”, indicó.
Finalmente, insistió en que la regulación de honorarios, aun cuando pueda estar justificada en determinados casos, debe regirse por criterios objetivos y controles claros que garanticen transparencia y seguridad jurídica. “Dentro de una situación que puede estar justificada entran otras que no lo están. Por eso es necesario que un juez disponga cuánto corresponde cobrar”, concluyó.
Periodista Senior