Los diputados Kattya González (PEN) y Édgar Acosta (PLRA), presentaron un amparo constitucional contra la binacional de Itaipú el pasado lunes 17 de enero. Esto, luego de que autoridades de la represa se negaran a transparentar detalles sobre la contratación de asesores legales externos por US$ 400 mil.
El pedido fue realizado en enero del 2021, la respuesta llegó un año después. Sin embargo, no fue la esperada por los legisladores, ya que desde la binacional afirman que es inconstitucional incluir al ente en la ley 5282 de “Acceso a la información pública”.
Ayer lunes, los mismos diputados; bajo patrocinio de los abogados Emilio Camacho y José Luis Torales; contestaron la excepción de inconstitucionalidad que opuso la Itaipú binacional para no entregar documentos públicos.
Autoridades de la binacional alegaron que la entidad no es sujeto de acceso obligado a responder pedidos de informe y rendir cuentas generadas desde la ciudadanía. Afirman que los únicos órganos de control constitucional son la Contraloría General de la República, el Poder Legislativo entre otros.
En el escrito de contestación, los amparistas solicitan el rechazo de la excepción y que la máxima instancia judicial, de una buena vez, desarrolle las bases constitucionales sobre las cuales debe operar la binacional preservando el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública y transparencia gubernamental como pilar fundamental de la democracia constitucional.
“Más allá del caso puntual que se plantea, la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación y el desafío de desarrollar una doctrina constitucional en materia de interpretación de una ley fundamental para el funcionamiento de la República”, señaló la diputada Kattya González.
CAMACHO
Emilio Camacho, abogado de los legisladores, afirmó que los legisladores contestaron la acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado de la Itaipú.
“Ellos sostienen que son un organismo de derecho internacional que están por encima del Estado paraguayo, cosa que es falsa. Ellos dicen también que por ello no pueden entregar. Estamos confiados que la Corte hará respetar el derecho del Estado de que la binacional es fuente pública de información”, señaló.
A partir de ahora, correrán nueve días para que la Fiscalía tome postura y se arme un cuadernillo. Luego el juez debe remitir el material a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá resolverla en un plazo de 30 días hábiles.
ANTECEDENTES
No es la primera vez que las autoridades de la Itaipú son cuestionadas por la contratación de abogados externos.
A fines de mayo, la binacional contrató al estudio jurídico de Daniel Mendonca para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto, luego de que Contraloría anunciará la auditoría de los fondos socio ambientales y de obras.
Lo llamativo es que la Itaipú cuenta con una dirección jurídica. La titular en el cargo es Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio “Beto” Ovelar. La misma percibe unos G. 100 millones al mes. Sin embargo, la binacional debe recurrir a otros profesionales para presentar una acción de inconstitucionalidad.
