A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), advirtió sobre el quebrantamiento del Estado de Derecho. Específicamente en referencia a las últimas determinaciones de la Cámara de Diputados que fueron blanco de repudio por parte de la opinión pública.
La última impopular determinación (que incluso fue ratificada) fue la sanción a Celeste Amarilla, diputada nacional por sus expresiones. Esto, luego de que denunciara que más de la mitad de sus pares (tanto diputados como senadores) llegaron al poder gracias a dinero de fuentes ilícitas.
Esto pudo considerarse como “la gota que colmó el vaso” de la CEP. Atendiendo que la misma Cámara Baja, despenalizó en su momento las declaraciones juradas falsas. O el “blindaje” otorgado a Carlos Portillo, Tomás Rivas y Ulises Quintana, diputados con frondosos antecedentes que incluso están documentadas. Esto, solo por citar algunas de las más graves determinaciones ya establecidas tiempo atrás.
En el texto de la CEP, se observan cinco puntos por los cuales repudia las actuaciones de Diputados. En el punto uno explica que la democracia solo se puede lograr cuando las autoridades acepten al “bien común como fin y criterio regulador de la vida política”.
En segundo lugar señala que la parte moral de la democracia no es “automática”. Sino que depende de la moralidad de los fines que persigue.
Como tercer punto expresa que en el Estado de Derecho es soberana la ley y no las voluntades arbitrarias del hombre.
Como punto cuarto reza que las autoridades deben velar por el bien común ante los intereses personales. Y por último, la corrupción es el mal más grande de toda democracia. Porque no solo afecta a la moral sino también a la Justicia.
“Con esto se exhorta a los que ejercen la representación pública a cumplir el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional”, menciona finalmente el comunicado.
SENADO
Con 26 votos a favor, dos en contra, 10 abstenciones y 7 ausencias, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración por la cual, la Cámara Alta insta a la Cámara Baja a revocar sanción a la diputada Celeste Amarilla.
Salyn Buzarquis, senador nacional por el PLRA y proyectista de la declaración, advirtió que una sanción por expresiones puede condicionar el día de mañana la libertad de expresión o de manifestación de la misma ciudadanía.
“La democracia a lo largo de la historia ha demostrado que tuvo sus avances y retrocesos en la historia de la humanidad. A la democracia hay que regalarla todos los días para que funcione”, comentó durante su oratoria.
El legislador resaltó que muchos sectores creen que más democracia es más poder para el pueblo. Y que por ello la atentan constantemente.
“Lo que ocurrió en Diputados no es un hecho aislado. Si dejamos eso como precedente, se da un mensaje a la ciudadanía diciéndoles que ellos son los siguientes”, explicó.
GODOY
Sergio Godoy, diputado nacional cartista, en sentido contrario a Buzarquis dijo que en primer lugar no pueden juzgar las actuaciones de una Cámara Baja. Además que ellos mismos poseen dos senadores no electos (Friedmann y Gusinky).
En otras palabras, el legislador explicó con ello que el Senado tampoco está exento de errores. Y que con esta declaración dan vía libre para que Diputados hagan sus cuestionamientos correspondientes.
“La Constitución garantiza la libertad de expresión de los legisladores ante la Justicia, no así a sanciones internas”, dijo el legislador.
Sin embargo, a pesar de estas críticas, el mismo Godoy terminó apoyando el proyecto de declaración.
Los dos legisladores que votaron en contra fueron: Antonio Barrios y Juan Carlos Galaverna. Mientras que los 10 que se abstuvieron fueron: Luis Castiglioni, Silvio Ovelar, (ambos colorados oficialistas), Mirta Gusinky, Lilian Samaniego y Derlis Osorio (los tres ANR Independiente), Fernando Lugo (Frente Guasu), Juan Darío Monges (ANR cartista), Hermelinda Alvarenga, Bartolomé Ramírez y Fernando Silva Facetti (todos PLRA llanista).
