Conductores de camiones y otros gremios salieron hoy a varias vías para exigir una mejora de las condiciones de mercado de la estatal Petropar y que no se aborde un proyecto que eleva las penas de cárcel por bloquear las rutas.
En medio de la “alerta de seguridad” declarada por la Policía, choferes de vehículos vinculados a aplicaciones de transporte de pasajeros, de camiones de carga y volquetes se estacionaron a los costados de vías troncales en señal de protesta.
La movilización incluyó bloqueos intermitentes en algunos puntos, dijo a Efe el director de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, inspector mayor Adolfo Ortega.
La protesta se convocó luego de que cinco de los líderes de los camioneros fueran detenidos el pasado miércoles acusados de presuntamente extorsionar al Gobierno para no convocar a nuevos cortes de carreteras.
Al término de un encuentro en el Senado, el presidente de la Central Obrera y del Transporte de Paraguay, Juan Villalba, anticipó que seguirán en las calles a la espera de que se trate sus pedidos.
Se refirió así a la propuesta de que se permita a Petróleos Paraguayos (Petropar) adquirir el combustible sin intermediarios y a su rechazo a un proyecto de ley que eleva a más de cinco años de cárcel la pena por obstaculizar las vías.
El alza de los combustibles ha sido el detonante de protestas en las últimas semanas en el país, lo que llevó al Congreso a aprobar en marzo pasado un subsidio para que Petropar redujera el precio de dos de los carburantes más demandados en el país.
La norma que dio vida al subsidio fue derogada el pasado lunes por el Congreso.
También los dirigentes se pronunciaron por la detención de los dirigentes.
Ángel Almirón, hermano de uno de los detenidos, Roberto Almirón, dijo a periodistas que los camioneros son “presos políticos” y reclamó que se presenten las “evidencias” en contra ellos.
La Fiscalía ha dicho que filmó y grabó entrevistas personales entre el ministro del Interior, Federico González, y los cinco detenidos.
Se les acusa de presuntamente exigir un millón de dólares, monto que se habría reducido a 300.000 dólares.
Según el Ministerio Público, los acusados supuestamente recibieron 50.000 dólares que habían sido previamente notariados. EFE
