La definición del salario mínimo pondrá a prueba el diálogo social, el clima de inversión y la capacidad de consenso institucional del Gobierno.
El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) celebrará este miércoles su última reunión ordinaria para definir el reajuste del salario mínimo que regirá desde julio. El encuentro llega sin consenso: mientras las centrales sindicales reclaman un aumento cercano al 20%, el sector empresarial insiste en aplicar exclusivamente la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), dejando la decisión final en manos del Poder Ejecutivo.
¿Por qué la reunión de Conasam es clave para la economía paraguaya?
La definición del nuevo salario mínimo se ha convertido en uno de los debates económicos y políticos más sensibles del primer semestre. La mesa tripartita integrada por representantes del Estado, trabajadores y empresarios deberá intentar acercar posiciones en una negociación marcada por diferencias estructurales sobre cómo medir la pérdida del poder adquisitivo y cuál debe ser el alcance de la política salarial.
Actualmente, el salario mínimo vigente asciende a G. 2.899.048, pero las centrales obreras sostienen que el mecanismo actual de ajuste ya no refleja el costo real de vida. El sector trabajador exige un incremento de aproximadamente G. 647.000, equivalente a cerca del 20%, mientras que los gremios empresariales defienden la aplicación estricta del IPC elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Más allá de la cifra final, el debate expone una discusión de fondo: si Paraguay debe mantener un sistema de actualización salarial basado exclusivamente en la inflación o avanzar hacia fórmulas que incorporen productividad, evolución del consumo y otros indicadores socioeconómicos.
¿Qué posiciones enfrentan a trabajadores y empresarios?
Las organizaciones sindicales consideran que el mecanismo vigente ha provocado una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los asalariados. Según sus representantes, el reajuste anual basado únicamente en la inflación no acompaña el incremento de gastos en alimentación, transporte, vivienda y servicios esenciales.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), Bernardo Rojas, ha insistido en que la discusión debe ir más allá de un cálculo técnico y abrir una negociación sobre un incremento «real y acorde al costo de vida». Incluso ha advertido que, si la recomendación final se limita al IPC, los trabajadores podrían impulsar movilizaciones o recurrir directamente al presidente Santiago Peña para intentar modificar la decisión.
Por su parte, el sector empresarial sostiene que cualquier modificación debe respetar los parámetros previstos en la normativa vigente y estar respaldada por datos oficiales. Los gremios argumentan que un aumento superior a la inflación podría afectar la competitividad, incrementar costos laborales y generar efectos sobre el empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
Esta diferencia refleja una tensión recurrente en las economías emergentes: cómo equilibrar la protección del ingreso de los trabajadores con la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad para la inversión privada.
¿Qué rol tendrá el Gobierno si no existe consenso?
Aunque Conasam actúa como órgano consultivo y técnico, la decisión final corresponde al Poder Ejecutivo, que deberá establecer el nuevo salario mínimo mediante decreto. Si la reunión concluye sin acuerdo, el Gobierno podrá optar por una posición mayoritaria o analizar recomendaciones divergentes antes de emitir una resolución definitiva.
El viceministro de Trabajo, César Segovia, había señalado que el objetivo del proceso es alcanzar una propuesta consensuada. Sin embargo, reconoció que, de persistir las diferencias, será necesario elevar al presidente las distintas posiciones surgidas en la mesa de negociación.
La discusión ocurre además en un contexto de desaceleración económica regional, desafíos para la generación de empleo formal y presión social por la evolución del costo de vida. Por ello, el desenlace será observado no solo por sindicatos y empresas, sino también por inversores, organismos multilaterales y analistas que monitorean la estabilidad institucional del país.
¿Puede cambiar el sistema de reajuste salarial en Paraguay?
El debate actual ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de revisar el mecanismo de actualización del salario mínimo. Diversos sectores sindicales y legislativos sostienen que la fórmula basada exclusivamente en el IPC quedó desfasada frente a la realidad económica y social del país.
Incluso existen iniciativas en el Congreso que buscan modificar el esquema vigente e incorporar nuevos criterios de cálculo. Entre las alternativas discutidas aparecen indicadores vinculados al costo de vida, la productividad o la evolución del crecimiento económico, aunque todavía no existe consenso político para impulsar una reforma integral.
La eventual modificación tendría implicancias que van más allá del monto salarial. Podría influir sobre las negociaciones colectivas, la formalización del empleo, la competitividad empresarial y la percepción internacional sobre la previsibilidad de las reglas económicas en Paraguay.
¿Qué mensaje dejará Conasam sobre el diálogo social en Paraguay?
La reunión de este miércoles será también una prueba para la capacidad de concertación entre trabajadores, empresarios y Estado. El desenlace mostrará hasta qué punto las instituciones paraguayas pueden procesar conflictos distributivos mediante mecanismos de diálogo y negociación.
Si existe acuerdo, el Gobierno podrá exhibir una señal de estabilidad y gobernabilidad en un tema sensible para millones de trabajadores. Si no lo hay, la discusión sobre el salario mínimo podría trasladarse al terreno político y reabrir el debate sobre las reglas que regulan el mercado laboral paraguayo.
En cualquiera de los escenarios, la decisión marcará no solo cuánto aumentarán los salarios desde julio, sino también qué modelo de diálogo social y qué horizonte económico pretende construir Paraguay en los próximos años.
Periodista Senior