El titular de la Comisión Especial de Control de Compras Covid-19, Arnaldo Giuzzio, brindó detalles del informe final sobre los procesos de licitación para la compra de insumos y equipos por vía de la excepción para la lucha contra la pandemia, y confirmó que se detectó una serie de irregularidades y recomendó a Salud anular parte de los llamados a licitación.
Giuzzio aclaró que en ninguno de los casos el Ministerio de Salud realizó pagos. Precisó que fueron analizados unos 32 procesos cuyas irregularidades se hicieron notar y fueron elevadas a la cartera de Salud.
Entre las observaciones expuestas figuran la inconsistencia en las fechas de designación de miembros del Comité de Evaluación con el acta de inicio del mismo Comité; el incumplimiento de condiciones legales y técnicas del PBC por lo que no se ajustan a los requerimientos exigidos.
Además de esto, se objeta la inobservancia del artículo 40 de la ley 2051 referida a la participación limitada de empresas y personas vinculadas entre sí. “Se observó que, a pesar de encontrarse en mora, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, seguían participando de llamados”, indica el informe.
Así también, otro de los motivos es la falta de criterio para la fijación de precios referenciales, dado que para el efecto se requiere de una mejor metodología y la adopción de una política de fijación de precios a futuro.
“Consideramos que en algunos casos no corresponde el uso del concepto de Urgencia Impostergable ni el código Covid-19 por no ajustarse a la esencia de ambos. Se advirtieron dictámenes sin fundamento técnico y falta de atención a las consultas de la DNCP”, señala en otra parte del informe.
“Hicimos varios análisis de los contratos, separamos en grupos, el más urgente eran aquellos contratos pendientes que ya fueron firmados por las partes, algunos de ellos ya ejecutados inclusive, en parte de ellos encontramos irregularidades que no correspondían a decisiones unilaterales por las consecuencias jurídicas que pueda acarrear esto”, comentó.
No obstante, Giuzzio consideró que la urgencia para la adquisición de insumos o equipos no puede ser excusa para una implementación irregular de procesos de compra, ni utilizarse para tapar acciones negligentes.
