De acuerdo a los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) cruzados con datos logrados vía Ley de Acceso a Información Pública; los clanes familiares Ferreira (Imedic y Eurotec) y Wasmosy (Mather Company), acapararon las adjudicaciones en el marco del proceso de compras públicas de la emergencia por la pandemia Covid-19.
Mather Company logró contratos por G. 51.000 millones -unos USD 7,5 millones al tipo de cambio actual- durante el año pasado; le siguen Imedic y Eurotec con 48 y 37 mil millones de guaraníes, respectivamente.
Estas empresas pertenecen a la tristemente célebre familia Ferreira, cuya gran parte de contratos fueron anulados y cubiertos por la aseguradora Patria, del Grupo Banco Continental.
Estas dos firmas estigmatizadas por el caso de los insumos chinos (que dejaron mal parado al Gobierno) enfrentan también hoy procesos judiciales, aparte de haber recibido multas. Según se comenta en la industria farmacéutica la caída del clan Ferreira se dio como una especie de vendetta en el cartel de los laboratorios.
Mather Company, vinculada a Ernesto y Karin Wasmosy (hermano y sobrina del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy), estaba en contra de la ley que obligaba a las empresas que tienen contratos con el Estado a presentar DDJJ (declaraciones juradas), situación que llamó la atención del mercado, pues habla muy mal en términos de transparencia con el manejo de recursos públicos.
En documentos del portal de contrataciones públicas se puede observar que el clan Wasmosy logró 293 millones de dólares en 10 años como proveedor del Estado por medio de dos firmas; las citadas Index y Mather.
Los contratos experimentaron mayor crecimiento durante el gobierno de Horacio Cartes. Desde 2014 a 2018 el clan facturó 230 millones de dólares.
Cártel se agrieta
Los clanes farmacéuticos actúan como verdaderos cárteles protegidos por políticos, donde establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de las licitaciones. Según datos del DNCP, desde 2010 a 2020 se repartieron más de USD 5.000 millones posicionándose, así como uno de los rubros de mayor facturación al lado de las vialeras.
Sin embargo, el episodio con los Ferreira y ahora la carrera por intermediación de vacunas anti-covid para el gobierno, habrían abierto heridas por los intereses en juego
Ante la crisis sanitaria, social y ahora política por la falta de vacunas al Gobierno no le quedo otra salida que pedir auxilio al sector privado para adquirir las dosis.
Los Wasmosy, (vía la empresa Index) serían los que más cerca están de lograr entre 2 y 3 millones de dosis en un negocio que podría representar más de USD 100 millones.
De lograr éxito, el Gobierno aclara que la prioridad es que se maneje vía Ministerio de Salud, es decir, el sector privado tendrá que esperar para llegar directamente al mercado sanitario minorista.
Precio y diplomacia
El propio ministro Borba confirmó que las conversaciones están muy avanzadas aunque no profundizó detalles, bajo la excusa del contrato de confidencialidad. Lo que sí adelantó es que se tratan de vacunas chinas Sinovac tasadas en USD 33 por dosis.
Hoy China produce vacunas a precios muy por debajo de ese precio de referencia. Una de las explicaciones podría ser el alto costo del flete aéreo y la poca disponibilidad en el mercado de las vacunas por las cuáles hoy tanto gobiernos como empresas privadas pujan.
De hecho, se creó una especie de mercado global gris con las vacunas anti-covid.
La propuesta al Ministerio de Salud Pública, aprobada ayer en el Senado para cerrar trato con el sector privado, contempla un sobreprecio para que las dosis lleguen en un lapso de 15 días, posteriormente a la firma del contrato.
Desde la cartera sanitaria, trascendió que aparte de Index SACI, Lasca (Scavone) y Quimfa (Harrison) cuentan con registro sanitario ante Dinavisa, mientras que Guayaki sondea con laboratorios rusos vacunas Sputinik V.
Como contexto en esta carrera de negocios están las estrategias diplomáticas de Pekín y Taiwán para tener el corazón de Paraguay en términos de intereses de geopolítica, todo bajo la atenta mirada del presidente Joe Biden, de Estados Unidos.
Sobre el tema, el sábado último la cámara china de comercio en Paraguay socializó un comunicado en donde señala que hubo una mala interpretación de algunos actores políticos entorno al supuesto ofrecimiento de 14 millones de vacunas.
Más licitaciones farmacéuticas
El principio de transparencia en la contratación estatal comprende aspectos tales como; la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; la igualdad respecto de todos los interesados; la publicación en tiempo de las actuaciones de la Administración; la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; la elección objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Administración.
Conforme a estos parámetros, en el proceso de licitación de Adquisición de medicamentos varios -DGGIES-MSP-BS, se pueden observar varios procedimientos que violan estos puntos mencionados.
Las firmas Científica Ragusa S.A. y Laboratorios Almos S.A. presentaron protesta contra la Licitación Pública Nacional que se llamó bajo la Modalidad de Subasta a la Baja Electrónica y que favoreció a otros oferentes.
Algunos de los argumentos del cuestionamiento son la falta de planificación de la Convocante, eso no puede ser una carga que impida a cualquier oferente el derecho que la norma le otorga; sucedieron hechos como Solicitar documentaciones y exigir que sean remitidas en un plazo inferior a 24 horas, atentando contra los principios generales que rigen las contrataciones públicas, un plazo irracional para presentar documentos durante la etapa de evaluación de ofertas.
En estas condiciones han procedido a descalificar la oferta de las dos firmas mencionadas, de acuerdo a los representantes de RAGUSA y ALMOS, se constata que el plazo de una hora otorgado por la Convocante a las firmas para la presentación de documentación de carácter formal viola lo que establece el artículo 62 del Decreto N° 2992/19.
A todas luces, atentan contra los principios generales que rigen las contrataciones públicas. De igual manera, se ha cumplido con el envío de la respuesta conforme a lo solicitado, en tiempo y forma, dejando constancia que no se ha podido enviar la totalidad de las facturas escaneadas debido al volumen de la misma (más de 600 copias de facturas, correspondientes a tres años).
La entrega física se hizo en horas de la tarde del mismo día,
Es muy importante mencionar que los recurrentes no han sido notificados de la NO adjudicación, otro hecho relevante que ronda la mala intención con respecto a la Firma Científica Ragusa S.A. por parte de los implicados en este proceso en particular, dado que en otro llamado la firma de referencia ha sido adjudicado por la misma convocante del proceso que fue objeto de la protesta.
