Conocidos casos de corrupción como los de “La niñera de oro”, “Caseros de Ibáñez” y el de “Perlita” fueron descubiertos y condenados por la justicia mediante la acción ciudadana. Actualmente, Paraguay se encuentra ante la posibilidad de una nueva primavera de la transparencia pero, para ello, la acción de la población es fundamental para acabar con la corrupción y la impunidad, según propone el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
“Gran parte del dinero que el Estado desaprovecha por los casos de corrupción puede invertirse en la construcción de escuelas y hospitales o mejorar infraestructuras y favorecer la calidad de vida a todos los paraguayos”, reveló Ezequiel Santagada, director ejecutivo de IDEA, en el marco de la campaña “La transparencia hace la diferencia”.
Esta iniciativa es desarrollada por IDEA como parte del proyecto “Sin oportunidad para la impunidad”, que cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID Paraguay) y busca que la sociedad civil juegue un rol esencial en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
A continuación, se puede leer brevemente cómo el acceso a la información pública y la transparencia gubernamental permitieron a la prensa identificar irregularidades. Gracias a la cobertura de los medios y las manifestaciones ciudadanas se logró que estas irregularidades no queden impunes. Ante el ojo crítico de la ciudadanía y los medios de prensa, el Ministerio Público analizó el mérito de las denuncias y procesó a los responsables de estos hechos punibles y la Corte Suprema de Justicia impartió las sanciones que se consideraron apropiadas. Estos tres casos emblemáticos de corrupción demuestran el ciclo virtuoso que puede tener el control ciudadano para el combate contra la corrupción y la impunidad.
CASO PERLITA
La hija de la ex diputada Perla de Vázquez, «Perlita» Paredes Acosta, fue descubierta en 2013 cobrando salarios de cinco instituciones públicas distintas, hecho terminantemente prohibido por ley.
Su caso surgió tras denuncias realizadas en “El buscador del pueblo”, una plataforma de información pública creada por el diario ABC Color con información obtenida a través de la Ley Nº 5189/14.
El caso de “Perlita” derivó a una investigación periodística en la que se constató que la misma cobraba salarios en Itaipú, la Cámara de Diputados, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Poder Judicial, y el Hospital Distrital de Lambaré, sumando más de G. 30 millones mensuales en remuneración con dinero público.
El daño patrimonial al Estado, por cobro indebido de salarios fue determinado en la suma de G. 376.362.253. La justicia resolvió que “Perlita devuelva la mitad y se comprometa a completar la devolución de los recursos públicos en 24 cuotas de G. 7.840.880. Además, fue condenada a donar 48.000.000 Gs. a modo de reparación del daño.
Con el fin de evidenciar que el abuso de poder y la impunidad nos privan de vivir en un país mejor, IDEA retrató estatuas que representan los tres casos más emblemáticos de corrupción en nuestro país: “Perlita”, “La niñera de oro” y “Caseros de oro”. Fotociclo se encargó de fotografiarlas en diferentes espacios representativos de Asunción como: IPS Central, el Palacio de Justicia, el Congreso de la Nación y otros lugares que merecen mejores condiciones.
NIÑERA DE ORO
Gracias al acceso a la información pública, uno de los casos de corrupción que terminó en una condena es el del ex legislador Víctor Bogado, quien fue acusado en 2013 como cómplice en un cobro indebido de honorarios, ya que había nombrado en la Cámara Baja a Gabriela Quintana, aparente niñera de sus hijas, con un sueldo de G. 13.237.400 y sin cumplir ninguna función dentro de la institución pública.
Quintana también fue nombrada como funcionaria técnica de la Itaipú Binacional, con un salario mensual de G. 8.793.300. La “niñera de oro” fue acusada por la Fiscalía por cobro indebido de honorarios.
En 2019, el Tribunal de Sentencia condenó a un año de prisión a Víctor Bogado, con suspensión de pena, y una multa de G. 480 millones a pagar a varias instituciones para no ir a prisión. Quintana también fue condenada a un año y medio, con medidas alternativas para no ir a prisión, donde se ordenó que devuelva una indemnización que cobró de Itaipú más la suma de 71 millones de Gs. que cobró de sueldos, y donar por dos años 2 millones de Gs. a la Cruz Roja.
Ese mismo mes, el Senado aprobó la pérdida de investidura de Bogado, éste pidió que se anule la sentencia y que se lo reponga como senador, así como también Quintana pidió recuperar su cargo en Diputados, pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó las recusaciones y las aclaratorias planteadas.
CASEROS DE ORO
El ex diputado José María Ibáñez, fue protagonista de la investigación periodística sobre los «Caseros de Oro», que reveló cómo el legislador logró ubicar como “planilleros” en la Cámara de Diputados a tres personas que se dedicaban a cuidar su quinta. El caso saltó a la luz en 2013, y la Fiscalía imputó a Ibañez, a su esposa, su jefa de gabinete y hasta ese entonces a los aparentes caseros por estafa. El Ministerio Público tenía elementos para demostrar que el diputado y su pareja eran los que cobraban y se quedaban con el dinero.
Sin embargo, la causa se allanó en 2018 cuando la defensa planteó una salida alternativa con el pago de G. 30 millones, la compra de un generador para el leprocomio Santa Isabel y otras donaciones que totalizaron unos G. 5 millones.
Con esta medida, Ibañez encontraba una salida judicial, pero la indignación ciudadana no se hizo esperar y explotó en las calles.
La ciudadanía se manifestó más adelante, luego de que un total de 53 diputados rechazaron el pedido de pérdida de investidura, hecho que obligó a que Ibáñez, termine renunciando.
Para Santagada, “el control ciudadano garantizará que los funcionarios públicos y las autoridades deban rendir cuentas. Todos podemos contribuir con el control ciudadano, exigiendo información pública en el portal informacionpublica.paraguay.gov.py y haciendo seguimiento de nuestras denuncias con el fin de que tengan respuesta”.
“La población debe ser consciente de que su participación no acaba en las urnas, la democracia participativa implica ser contralores de la gestión gubernamental”, explicó Santagada. El propósito de IDEA es que aumente la demanda de la sociedad civil por un Poder Judicial independiente. “Esto se alcanza por medio de la transparencia y sobre todo con el castigo a los responsables de los hechos ilícitos. Como sociedad, debemos dejar de tolerar la impunidad”, resaltó.
Esta campaña es una invitación a transformar la queja o la indignación ciudadana en una acción concreta del Gobierno para sancionar las irregularidades y que, de esta forma, la impunidad no nos robe la oportunidad de gozar de una buena calidad de vida.
