Antes de despedirnos de este 2021 en algunas cosas atípico, sería bueno poner a un lado las cargas que vamos a transferirle al 2022. Que no son precisamente livianas. Tal vez entre las más pesadas esté la fuerte desnaturalización que sigue afectando al gasto público, tanto en tamaño como en calidad. No hemos logrado imponer una agenda que aborde en profundidad la cada vez más densa relación-costo beneficio de una herramienta que se ha vuelto insostenible para la Nación.
Se olvida con demasiada frecuencia que el país, por encima de los avances logrados en muchos aspectos, mantiene un palmarés de indicadores económicos y sociales bastante desparejo. Somos cuartos entre cuatro en producto interno bruto (PIB) per capita, US$ 4.950 (US$ 6.600 Mercosur), segundos en pobreza después de Argentina y de nuevo cuartos entre cuatro en índice de desarrollo humano (IDH). Tampoco sobresalimos en el porcentaje del PIB dedicado a educación y pese al esfuerzo hecho para enfrentar la pandemia, estamos aún lejos de invertir lo suficiente en salud pública.
Pongamos énfasis en estos dos últimos ítems, salud y educación. Los hospitales públicos recibieron un recauchutaje de urgencia durante la cuarentena y en especial, cuando arreciaron los picos de internación y terapia intensiva. Pero no sabemos si a esta altura, quienes gerencian el sistema tienen un gabinete que estudie lo que habrá que hacer de ahora en adelante para adecuar la red hospitalaria y laboratorial a futuros estrés epidémicos.
En educación, tenemos un “Plan nacional de educación 2024”, otro “Plan operativo de la educación 2021–La transición hacia una nueva presencialidad”, también el “Plan Nacional de Educación 2030” y como si faltara algo, el “Plan Nacional de Transformación Educativa”. Como se ve, planes no faltan y, a estar por su número y por el volumen de los biblioratos, deberíamos ser el éxito educativo más grande de la región. ¿Lo somos?
Mientras tanto, seguimos teniendo un Estado pobre que gasta como rico. Las planillas salariales desbordan de funcionarios que cobran -en sus niveles jerárquicos- salarios del primer mundo que, en abierta componenda político-sindical, se han convertido en privilegios bajo el impúdico apelativo de “derechos adquiridos”. Ahí se van, en ese repugnante tubo de drenaje, los escasos dineros públicos.
¿Reforma del Estado? Hasta ahora, meras charlatanerías de parásitos a los que les importa un carajo reformar un sistema en el cual viven y medran con holgura y comodidad.
